En su nuevo informe, Amnistía Internacional describe que el actual Gobierno desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad que las dos administraciones anteriores.
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Ciudad de México.- La creciente participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y en proyectos del Gobierno en México generan preocupación en materia de respeto a los Derechos Humanos y de transparencia, declaró este miércoles el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Nacionas Unidas (ONU-DH) en este país.
Guillermo Fernández-Maldonado, quien asumió la representación en septiembre del año pasado, dijo que existen riesgos al asignar labores de seguridad pública a integrantes del Ejército, ya que éstos cuentan con un entrenamiento diferente al de una corporación policial de carácter civil.
“Hay pautas al respecto porque estamos hablando de cuerpos diferentes entrenados para situaciones diferentes y que incluso las órdenes operativas, el tipo de armamento corresponden a situaciones de conflicto armado o de guerra”, declaró Fernández-Maldonado en una entrevista con The Associated Press a través de una videollamada.
En tanto, Amnistía Internacional publicó este miércoles el Informe 20/21 La situación de los DDHH en el mundo, y en él señala que en el país, “las fuerzas de seguridad siguieron llevando a cabo detenciones arbitrarias y haciendo uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos”.
AI describió que el actual Gobierno de López Obrador desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad que las dos administraciones presidenciales anteriores.
“En mayo, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024. El decreto carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales”, apuntó el organismo.
A esto se suma el riesgo de se registren violaciones a los derechos humanos al conferir labores policiales a fuerzas castrenses. Un ejemplo, dijo, es el de la muerte en julio de 2020, presuntamente a manos de elementos militares, de Damián Genovés Tercero, de 18 años de edad, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Aunque existe una videograbación en la que se observa cómo presuntos elementos militares disparan al joven, el representante de ONU-DH dijo que no se ha avanzado en la investigación.
Amnistía también menciona los casos de Arturo Garza, de 19 años, y Jéssica Silva, de 25 años, quienes perdieron la vida en sucesos diferentes en Tamaulipas y Chihuahua, y en los que se vieron relacionados miembros de fuerzas armadas.
Fernández-Maldonado dijo que, ante la decisión del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de conferirle a las fuerzas armadas el control de proyectos de infraestructura y otras áreas administrativas, el gobierno debe aplicar criterios para transparentar la utilización de recursos.
El Gobierno de López Obrador ha encargado a las fuerzas armadas la construcción de un aeropuerto; la administración de aduanas y de puertos, y en diciembre anunció que el Ejército controlará las operaciones y ganancias generadas a través del proyecto conocido como Tren Maya, que está en construcción y recorrerá la península de Yucatán.
“Otro aspecto que me parece fundamental es el tema de rendición de cuentas, es decir, tradicionalmente ha sido difícil, y no sólo en México, sino en muchos países, la rendición de cuentas por parte del Ejército, muchas veces con el argumento de seguridad nacional”, agregó Fernández-Maldonado, quien previo a su llegada a México se desempeñaba como representante adjunto de ONU-DH en Colombia.
“¿Pero qué pasa cuando ya no estamos hablando de seguridad nacional? Estamos hablando de aduanas, de construcción de aeropuertos, del Tren Maya, deberían aplicarse las mismas normas de transparencia, respecto del uso de recursos, del cumplimiento de plazos, de acceso a la información”, dijo el representante de la ONU-DH.
Fernández-Maldonado dijo que se han logrado avances en el plan para capacitar en materia de derechos humanos a los elementos de la Guardia Nacional, creada por el gobierno de López Obrador y que está conformada principalmente por integrantes de las fuerzas armadas que fueron transferidos a la agencia policial.
Refirió que la próxima semana, en conjunto con representantes de esta agencia federal, se hará una revisión de casos en los que oficiales de ésta incurrieron en violaciones de derechos humanos para después utilizarlos como ejemplos y evitar su repetición.
Dijo, por otro lado, que los Gobiernos de México y Estados Unidos deben trabajar de forma conjunta, a través de proyectos de inversión, para atender las causas que ocasionan la migración en la región.
Fernández-Maldonado añadió que, con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos en enero pasado, ha recobrado fuerza un plan anunciado en 2019 para impulsar el desarrollo del sur de México y de países de Centroamérica.
“Creo que ahora hay más o menos un acuerdo de que tiene que ser una respuesta regional, coordinada a atacar básicamente las causas y buscar que la migración sea regular y segura”, expresó.
El funcionario de la ONU dijo que ha causado alarma el nivel de violencia en el contexto electoral en México, con el asesinato de aspirantes de cargos de elección popular, incluso antes de iniciadas las campañas. Instó a las autoridades en el país a garantizar unas elecciones “libres y justas” en medio del clima de violencia que se ha registrado.
Fernández-Maldonado dijo que, a nivel global, la pandemia por COVID-19 ha acentuado la desigualdad en distintas áreas, como lo es el acceso a los servicios de salud. En México, además de garantizar el acceso a la salud, el gobierno enfrenta el reto de garantizar el acceso a las vacunas contra el virus a grupos vulnerables en zonas rurales.
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