Postulada por segunda ocasión por el presidente López Obrador para ser ministra de la Suprema Corte, manifiesta su preocupación por la aprobación de la reforma al artículo 19 de la Constitución.
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De llegar a la Corte y si los ministros mantienen una remuneración más alta que la del presidente de la República, Loretta Ortiz Ahlf, aspirante a sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos, es contundente: donará su salario a alguna institución de asistencia jurídica gratuita para la gente que no tiene recursos para pagar un abogado.
Postulada por segunda ocasión por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), manifiesta, en entrevista con El Financiero, su preocupación por la aprobación de la reforma al artículo 19 de la Constitución, la cual amplía el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, la cual, considera, “puede ser la puerta para abusos” y la violación de derechos humanos.
Lista para comparecer el próximo lunes en el Senado, Ortiz Ahlf coincide en que en nuestro país las leyes no son iguales para pobres y ricos, ya que quienes están en las cárceles es porque no tienen para pagar un abogado, por ello –considera– es necesario garantizar a las personas que no tienen recursos, no sólo el derecho al debido proceso, sino, sobre todo, al derecho a la asistencia jurídica gratuita, es decir, acceder a los servicios de un abogado para su defensa en materia civil, mercantil, administrativa, etcétera.
“El derecho al acceso a la justicia es como el derecho a la salud”, sostiene Loretta Ortiz, quien hace tres propuestas para reformar al Poder Judicial: 1) establecer la figura de la mediación como instrumento para disminuir la carga de trabajo de los tribunales; 2) cero tolerancia al nepotismo y la corrupción, y 3) priorizar la aplicación, en los criterios de la Suprema Corte, de los tratados internacionales firmados por México para lograr la efectividad de los derechos humanos.
Ortiz Ahlf, quien ya ha sostenido reuniones tanto con la bancada del PAN, como de Morena, se siente con mayores posibilidades en esta segunda ocasión para lograr el apoyo de las dos terceras partes de los 128 senadores.
Señalada por apenas haber renunciado en diciembre a su militancia a Morena, considera que, para este tipo de cargos, la confianza se debe basar en lo que ha sido su trayectoria como profesora en la Universidad Iberoamericana, asesora del consultor jurídico de Relaciones Exteriores, directora jurídica de Conaculta y consejera de la CNDH, entre otros cargos.
“En esta segunda oportunidad lo que diría a los senadores es que sería una ministra que aportaría para la protección efectiva de los derechos humanos, garantizar el derecho el acceso a la justicia y para buscar que no haya una justicia simulada”, remata.
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