El Defensor del Pueblo informó que 400 mil personas en España han sido víctimas de pederastia en la Iglesia Católica

Ángel Gabilondo presentó el informe que pone a la luz que el 1,13% de la población adulta ha sufrido de abusos sexuales por parte de integrantes de la Iglesia Católica

proceso.com.mx

MADRID (apro).— El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó este viernes el informe que pone a la luz que 400 mil personas en España han sido víctimas de la pederastia en la Iglesia Católica, equivalente al 1,13% de la población adulta que ha sufrido este tipo de abusos en el ámbito religioso, lo que convierte este país con más víctimas estimadas en el mundo.

Hizo hincapié en que esta realidad ha estado soterrada durante años por la propia Iglesia católica. “Ha predominado cierta voluntad de ocultamiento, con la consiguiente desconsideración a las víctimas. Conductas como el traslado de abusadores a otras parroquias o centros docentes es un ejemplo de malas prácticas. Con el paso del tiempo y la aparición de casos, la presión de las víctimas, de los medios y una mayor conciencia ha provocado que estas reacciones poco adecuadas haya ido decreciendo”, señaló.

El informe Una respuesta necesaria, presentado en el Congreso de los Diputados, incluye entrevistas a 8 mil personas víctimas de estas agresiones sexuales y cuenta con una amplia encuesta aplicada en todos los rincones del país, de donde se extrae este primer panorama.

Durante su comparecencia, el defensor propuso la creación de un fondo estatal de compensación para las victimas, que “merecen ser escuchadas, atendidas y correspondidas”.

También denunció “el silencio de quienes pudieron hacer más para evitar” la pederastia en la Iglesia.

Ángel Gabilondo puso en valor que el amplio informe, que incluye testimonios de víctimas, supone un primer acercamiento al tema, y ha sido posible gracias a la investigación periodística que el diario El País abrió en 2018, cuyo recopilatorio ha sido puesto en manos del Papa Bergoglio, y de la Conferencia Episcopal Española.

El informe se presentó este viernes, solo 18 meses después del encargo que recibió el Defensor del Pueblo –una figura con relevancia constitucional en España, cercana a la figura de un ombudsman— en marzo de 2022, para investigar los abusos sexuales en la Iglesia.

Para esta tarea dentro de la oficina del Defensor se creó una Comisión Asesora, compuestos por expertos externos, una unidad de atención a las víctimas, formada por especialistas contratados exprofeso y quienes se entrevistaron con las víctimas dispuestas a denunciar y exponer su traumática experiencia, un Foro de Asociaciones de Víctimas y se abrió un buzón para recepción de testimonios.

La respuesta de la iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema, señala la exposición del estudio.

El informe, de más de 700 páginas, señala además que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabiliza de los abusos sufridos.

Las víctimas ya no pueden esperar. Algunas han declarado varias veces, están revictimizadas, y dicen: `por favor, ahora lo que queremos es medidas y reparación´”.

Consideró que el caso medio millar de testimonios directos que recogió su oficina, “revela el impacto devastador que los abusos han tenido en personas concretas”.

En cuanto a los poderes públicos, el informe concluye que carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de delitos tan graves en el ámbito eclesiástico.

Entre las recomendaciones, el informe propone la celebración de “un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020”.

La “creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas” y que un órgano administrativo especial –creado para la ocasión—sea el que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas.

Propone diversas reformas normativas para la aclaración y reparación de lo sucedido, y para prevenir hechos similares. Además, entre las recomendaciones se incluye que la iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran.

Durante su comparecencia, Gabilondo comentó que “no todos los obispos han colaborado. Alguno nos ha reñido”.

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