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Ciudad de México. Como parte del informe de seguridad que quincenalmente los funcionarios del gabinete de seguridad presentan en la mañanera presidencial, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, dio a conocer otros tres casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. En esta ocasión, el funcionario exhibió a juzgadores que decidieron no vincular a proceso a personas relacionadas con el robo de combustible, conocido como huachicol.
El subsecretario se refirió al asunto de la toma clandestina descubierta en un predio en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, el cual fue asegurado por las autoridades y donde se localizó un centro de almacenamiento de combustible robado.
Los hechos se presentaron ante el juez Arturo Medel Casquería, quien en enero de este año decretó el no ejercicio de la acción penal contra el dueño del inmueble con el argumento de que no se acreditó si la toma clandestina se encontraba en el número 100 o en el 100 bis, aun cuando se trataba del mismo predio.
Esto dejó sin efectos legales todas las actuaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y liberó el espacio del aseguramiento. El propio propietario del predio declaró que el número correcto de la vivienda era 100, pero que para efecto de identificarla él mismo le cambió el número a 100 bis.
Rodríguez Bucio subrayó que el juzgador “no tomó en consideración la determinación de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, pues existía un alto nivel de riesgo explosivo”.
En mayo de este año, el inmueble, ubicado en la calle Lago Garda, volvió a ser asegurado debido a que se encontraron riesgos por olor a hidrocarburo en un espacio cercano en el que se encontró una toma clandestina con una derivación que conducía al número 100 o 100 bis, por lo que se abrió una nueva carpeta de investigación.
El segundo asunto se dio en Hidalgo, se trata de Ernesto “N”, alias Tinajero, acusado de robo de combustible. Entre 2020 y 2023 Pemex identificó 615 tomas clandestinas entre los kilómetros 188 y 192 de la carretera Tuxpan-Tula, donde se ubica la Ex Hacienda de San Juan Hueyapan, propiedad del inculpado.
Por este caso se iniciaron 20 carpetas de investigación, con denuncias de Pemex contra Tinajero y se inhabilitó la toma clandestina en la ex hacienda. Sin embargo, la jueza Gabriela Capetillo Piña “no consideró válida esta forma de detección de la toma” —con un binomio canino.
Además, el 10 de enero de este año el implicado fue citado a comparecencia a una audiencia por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburos y, tras el término constitucional de 72 horas, se le dictó prisión preventiva. Pero el 13 de enero la jueza Verónica Gutiérrez Fuentes determinó no vincular a proceso a El Tinajero al considerar que no se acreditaron elementos del tipo penal.
Esto, agregó el subsecretario Rodríguez Bucio, “aun cuando el imputado aceptó tener conocimiento de las tomas clandestinas al interior de su predio, así como de robo de hidrocarburos que se llevaba a cabo en el mismo”.
Esa decisión fue apelada por la FGR, sin embargo, el Tribunal Colegiado de Apelación del 29 Circuito, confirmó la resolución de la juzgadora aduciendo que los agravios expuestos por las autoridades resultaban “infundados” e “inoperantes”.
Asimismo, el juez Jesús Ania López Islas, del Poder Judicial de Hidalgo, concedió el beneficio de suspensión condicional en favor de El Tinajero, quien había sido detenido el 21 de enero por delitos contra la salud. El acusado se encuentra en libertas bajo algunas condiciones como residir en un lugar determinado, tener trabajo fijo, firma periódica mensual, entre otros.
El tercer caso se dio el Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. El 30 de diciembre del año pasado Fernando “N” fue detenido en flagrancia por la Guardia Nacional al ser sorprendido realizando remoción de tierra con una pala sobre el poliducto Salamanca-Guadalajara.
Port esto se le presentó ante el juez de control Édgar Alonso Ambriz Tiara, del Centro de Justicia Penal del estado de Jalisco, por el delito de alteración de ductos. Sin embargo, el letrado ordenó su libertad, pues a su parecer la pala que traía el inculpado “no era un elemento idóneo para la instalación de una toma clandestina”.
El Juez determinó que si bien el acusado también portaba un niple —de lo usados para colocar en el ducto y extraer el combustible—, no traía consigo la herramienta adecuada para instalarlo, lio se le podía atribuir que hubiera clicado la toma clandestina en el lugar donde fue detenido, expuso el subsecretario.
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