Gobierno federal cesa a activista que busca a hijo desaparecido en Guerrero

Acapulco, Gro., La presidenta de la Asociación de Familias de Acapulco en Busca de sus desaparecidos, Emma Mora Liberato, acusó que autoridades de la delegación de la Secretaría de Economía en esta entidad le pidieron su renuncia después de 28 años de servicio, y cuyo salario destinaba para la búsqueda de su hijo José Alberto, secuestrado y desaparecido desde hace casi ocho años.

Mora Liberato consideró que su despido se trata de una revictimización, pues ha buscado a su hijo con escasa o nula ayuda de autoridades. El menor fue secuestrado cuando tenía 14 años de edad y estudiaba en la Escuela de Matemáticas.

Subrayó que si el estado no puede devolverle el empleo por cuestiones de la austeridad y recorte de gastos, que por lo menos cumpla con su obligación y le devuelva su hijo.

La activista explicó que gracias al salario que gana como trabajadora de confianza de la dependencia, como jefa de departamento, podía sufragar los gastos necesarios para la búsqueda de su hijo, tanto en fosas clandestinas, en cerros, barrancas, y el pago de maquinaria pesada, combustible y traslados a localidades lejanas, entre otros trámites.

Mora Liberato dijo que no presentó su renuncia el pasado 31 de mayo, como se lo pidió un enviado del gobierno federal; simplemente esta quincena ya no le llegó el pago.

Piden renuncia a 4 trabajadores más

Detalló que en total a cinco trabajadores se les pidió su renuncia en la delegación de la Secretaría de Economía en Guerrero, pero ella decidió dar la pelea, al menos por una indemnización justa, de acuerdo con la ley.

Recalcó que más allá del empleo, lo que necesita son recursos para continuar con la búsqueda de su hijo, función, con la que no ha cumplido el actual gobierno.

Aunado a la injusticia laboral cometida en su contra, Mora Liberato recordó que el artículo 129 de la Ley General de Víctimas señala que todo empleador de una víctima, sea público o privado, deberá permitir y respetar que la misma haga uso de los mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos para hacer efectivos sus derechos y garantías, aunque esto implique ausentismo.