Agregó que el motivo de la suspensión es garantizar el éxito de las investigaciones que realice el CJF ante los hechos denunciados.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció la suspensión de sus labores por seis meses del magistrado José Miguel Trujillo Salceda por graves anomalías en sus funciones que van desde el nepotismos hasta amenazas de muerte al personal bajo su mando.
En un comunicado, el organismo que regula la función de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, enumeró las causas de responsabilidad grave.
“Nepotismo, acoso sexual y laboral, amenaza de muerte al personal que se negaba a presentar su renuncia, obligar a sus colaboradores del Tribunal a cobrar cheques por cantidades elevadas y depositarlas en cuentas de los Estados Unidos.
“Asimismo, obligar al personal del Tribunal a realizar trabajos distintos a sus funciones, entre ellos la de chofer, meseros, empleados de limpieza, entre otros”, dijo el CJF..
Agregó que el motivo de la suspensión es garantizar el éxito de las investigaciones que realice el CJF ante los hechos denunciados, así como una medida de protección para los justiciables y para el personal del Tribunal al que está adscrito actualmente dicho Magistrado.
Advirtió que con esta decisión, el Pleno del CJF y su Presidente, el ministro Arturo Zaldívar, reafirman el compromiso que han trazado de cero tolerancia a la corrupción, al acoso sexual y a conductas deshonestas e indebidas.
“Seguimos avanzando en la renovación del #PJF. Cero tolerancia a la corrupción y el acoso sexual y laboral. Por un mejor #PJF en beneficio de todas las personas. Acciones, no discursos”, escribió en su cuenta del Twitter el propio ministro Zaldívar.
“El poder de la función jurisdiccional se define como servicio, y nunca el servicio público se debe entender como poder. Todas y todos los juzgadores federales se deben a la gente, a prestar una función que se traduzca en mayor justicia social y expansión de sus derechos y libertades”, completo el CJF en su comunicado.
Cabe destacar que el magistrado sancionado estuvo adscrito hasta 2019 en el Tercer Tribunal Unitario en Mexicali, Baja California y, tras las denuncias en su contra, fue readscrito al Segundo Tribunal Colegiado Administrativo y Civil en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
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