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La Secretaría de la Función Pública (SFP) giró un oficio al Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para investigar el presunto manejo indebido por parte de la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Martha Delgado, para favorecer la participación de personal de la administración pública en los ensayos de la fase III de la vacuna de la farmacéutica china CanSino Biologics, que actualmente se desarrolla en el país.
De acuerdo con las denuncias recibidas en la SFP por medio de un correo electrónico, la subsecretaria y el ex director general de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la SRE, Javier Jileta, habrían hecho trámites para que funcionarios recibieran la fórmula de la vacuna y no el placebo. El mencionado oficio se difundió en redes para la adquisición del antídoto con diversas compañías que trabajan en su producción.
La tarde de ayer la subsecretaria rechazó los señalamientos en su contra y solicitó realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer y transparentar el manejo de dichas vacunas en total apego a la transparencia y para la tranquilidad de la ciudadanía
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En un comunicado que dio a conocer en su cuenta de Twitter, Delgado afirmó que la SRE sólo realizó las negociaciones multilaterales y bilaterales con organismos internacionales, gobiernos y farmacéuticas para comprar los biológicos y, una vez en el país, su operación y manejo dependería de otras instancias.
El 5 de diciembre de 2020 se recibió en la SFP un correo electrónico con los señalamientos contra los funcionarios de la cancillería en el que se les acusa de cohecho, uso indebido de información y otros para privilegiar una vacunación clandestina
a personal de la administración pública en oficinas de Epic Research, empresa que aplica la fase III del ensayo clínico del antídoto chino desde principios de noviembre.
Personal de la SFP confirmó a La Jornada que el 18 de diciembre el subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción, Roberto Salcedo Aquino, envió un oficio al OIC de la SRE en el que pidió investigar las presumibles faltas administrativas cometidas por los funcionarios.
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