Autoridades dejaron a su suerte a activista ejecutada en Tamaulipas

*Míriam Elizabeth Rodríguez Martínez, fundadora de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas…

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Míriam Elizabeth Rodríguez Martínez, fundadora de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas, fue acribillada la noche del 10 de mayo por pistoleros en su domicilio, ubicado en la colonia Paso Real, municipio de San Fernando, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Reportó que a las 22:30 horas del miércoles un comando irrumpió en la vivienda de la activista y abrió fuego contra ella. La víctima murió mientras era trasladada al hospital general de San Fernando. Su esposo y dos de sus hijos sobrevivieron al ataque.

Desde 2012 Míriam Rodríguez se dedicó a localizar a su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, secuestrada en San Fernando, municipio donde en agosto de 2010 el cártel de Los Zetas asesinó por la espalda a 72 migrantes de Centro y Sudamérica y en abril de 2011 fueron enterrados 183 cadáveres en fosas clandestinas.

A falta de apoyo institucional, dos años después Míriam Elizabeth halló los restos de su hija en una fosa clandestina y recopiló evidencias con las que comprobó ante las autoridades la responsabilidad de 16 personas en el secuestro y el homicidio Karen Salinas.

Gracias a las investigaciones de Rodríguez Martínez, 13 personas fueron detenidas y se giraron tres órdenes de aprehensión contra presuntos homicidas.

Para el 30 de mayo tenía prevista una reunión con colectivos de búsqueda de desaparecidos de otros estados.

Niegan relación con fuga de reos

En abril pasado, la activista –quien ofreció apoyo a 14 agrupaciones dedicadas a la búsqueda de desaparecidos del valle de San Fernando y de todo Tamaulipas– denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos haber recibido amenazas de muerte y acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a pedir protección.

La PGJE informó ayer que abrió la carpeta 220/2017 por homicidio doloso contra quien resulte responsable y negó que el crimen tenga relación con la fuga de reos ocurrida en marzo pasado en el penal de Ciudad Victoria.

El titular de la PGJE, Irving Barrios Mojica, rechazó que Enrique Yoel Rubio Flores –imputado por el homicidio de la hija de Míriam Elizabeth Rodríguez– sea el homicida de la activista, pues enfrenta proceso en la cárcel de Ciudad Victoria por secuestro agravado y asociación delictuosa, aunque no lo han consignado por delincuencia organizada.

El dirigente del colectivo Familiares y Amigos de Desaparecidos, Guillermo Gutiérrez Riestra, condenó el asesinato y exigió al gobierno protección para los parientes de víctimas que realizan tareas de búsqueda, porque les preocupa que haya represalias de bandas criminales.

Este año, colectivos, organizaciones civiles y familiares fundaron la Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas (Ccbdt), ante el desinterés del gobierno por encontrar a desaparecidos, que suman 7 mil en Tamaulipas, según la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad.

La Ccbdt, integrada por al menos 13 organizaciones, expuso que en Tamaulipas mujeres y hombres han desaparecido cuando charlaban fuera de su casa, mientras caminaban por una plaza, estudiaban, trabajaban o en las carreteras del norte, centro y sur de la entidad.

Ecos de Chihuahua

El caso de Míriam Elizabeth Rodríguez Martínez es similar al de Marisela Escobedo Ortiz, muerta a balazos el 16 de diciembre de 2010 frente al palacio de gobierno de Chihuahua, donde protestaba por el asesinato de su hija, Rubí Frayre.

Aunque en octubre de 2012 la Fiscalía General del Estado presentó a José Jiménez Zavala como presunto asesino material, Ricardo Escobedo, testigo del homicidio y hermano de la activista, aseguró que el verdadero autor material era Andy Alonso Barraza Bocanegra.

Seis años y casi cinco meses después del asesinato de Escobedo Ortiz, organizaciones de derechos humanos anunciaron que en marzo pasado presentarían una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por no haber hecho justicia en este caso.