Siguen los conflictos en el Ejido Valle de Banderas por tierras adquiridas por VIDANTA

*Se trata de una demanda que por el momento no prosperó en contra del Ejido de Valle de Banderas, en la cual se pide al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 56, Aldo Saúl Muñoz López, se investigue violación de medida cautelar por parte de este Ejido que derivó en el pago de 4 millones de pesos para regularización de un predio a favor de Francisco de la Vega del Grupo VIDANTA, el cual está en litigio, expediente 668/2017. Magistrado acordó en contra del promovente por señalar al abogado del Ejido que se dice protegido del Tribunal para mal asesorar a los ejidatarios a violentar medidas cautelares, según la demanda…

Por Paty Aguilar

El pasado domingo 25 de febrero 2018, en el punto número 5 del orden del día de la Asamblea General Ordinaria del Ejido de Valle de Banderas, Bahía de Banderas, Nayarit, el abogado del Ejido, Mario Escamilla, así como el Comisariado, ventilaron el contenido de una demanda que interpuso el abogado, Ignacio López Vázquez, apoderado legal del ejidatario, Guadalupe Aguirre Mora, ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 con sede en Tepic, en la cual se pide al magistrado de este Tribunal, Aldo Saúl Muñoz López, investigue sobre la violación de una medida cautelar por parte de este Ejido, suscrita en el expediente 668/2017 al que se dio entrada el 6 de octubre 2017, para que en el predio en litigio entre dos hermanos por los derechos agrarios, no se llevara a cabo ninguna acción mientras no hubiese sentencia a favor o en contra, sin embargo, esta fue violentada por la Asamblea del Ejido al dar posesión de las tierras que previamente había sido vendida de manera irregular por el hermano del quejoso a Francisco de la Vega del Grupo VIDANTA, motivo por el cual, el Ejido recibió 4 millones de pesos como pago de regularización de dicha tierra que colinda con el Río Ameca.

Derivado de este reconocimiento y el mencionado pago, fue que el pasado 31 de enero 2018, el abogado interpuso una demanda ante el TUA 56 por la violación de dicha medida cautelar, en la cual señala y acusa al abogado del Ejido, Mario Escamilla y su esposa, que trabajaba en el TUA 56, de mal asesorar a los ejidatarios para violar medidas cautelares porque se dicen protegidos por este Tribunal, motivo por el cual, se pide una investigación.

Es el caso que el pasado 12 de febrero 2018, el Magistrado acordó no investigar la demanda donde se solicita se gire oficio al Ejido para que presente en copia certificada el acta de dicha Asamblea, así como del cheque de los 4 millones de pesos que recibieron como pago de la regularización bajo el programa FANAR. Donde además, se le informa al Magistrado, que se demandará al Comisariado rendición de cuentas, auditoría y el aseguramiento de cuentas bancarias.

Fue este tema del cual se dio información en este medio de comunicación días después de que en dicha Asamblea del 25 de febrero, el abogado, Mario Escamilla, señaló al ejidatario, Guadalupe Aguirre Mora, como quién había asegurado las cuentas bancarias del Ejido, motivo por el cual, el Ejido ya no podría disponer de recursos económicos, así fue como se publicó, así fue como lo declaró, el ejidatario, Guadalupe Aguirre, sin embargo, el abogado, Ignacio López Velázquez, aclaró esta situación en entrevista donde afirmó que efectivamente, tanto el abogado, Mario Escamilla, como su esposa, tenían acceso a documentos de los cuales, ni siquiera él había sido notificado, según señaló el abogado.

Y la prueba más palpable, dijo el abogado, es que esta demanda la acordó el Magistrado en su contra, motivo por el cual, el Ejido no fue notificado, sino que solo se le notificó a él dicho acuerdo de manera directa, en el cual fue multado por acusar directamente al abogado y su esposa de decirse protegidos por el Tribunal por lo que fue reconvenido a comprobar sus señalamientos que ponen en tela de juicio la honorabilidad del Tribunal, dejando de lado la investigación sobre la violación de la medida cautelar que derivó en el reconocimiento de la compra del predio y el pago de 4 millones de pesos para regularización del mismo.

Cabe mencionar, que en dicho acuerdo, el Magistrado ordena modificar una palabra del señalamiento contra dichos abogados que tergiversan el sentido del mismo, tal y como se demuestra con la demanda en sí y lo que se transcribió en el acuerdo donde el Magistrado se va contra el abogado, Ignacio López Velázquez, donde incluso, pone el nombre completo de la abogada, esposa de Mario Escamilla, cuando en el oficio de la demanda, el abogado, Ignacio López, no la menciona por su nombre, sino como esposa del abogado, Mario Escamilla “que trabajaba en el Tribunal…” pero en el acuerdo, este párrafo modifica la palabra “trabajaba por trabaja”.

Según refirió el abogado, Ignacio López, el Magistrado, Aldo Saúl Muñoz López, se conduce de manera irregular, parcial, con falta de ética y probidad profesional. Por este motivo y otros, dijo, presentará una queja formal ante el Tribunal Superior Agrario con sede en la ciudad de México.