El objetivo de la consulta popular sobre expresidentes será sacar toda la rentabilidad política que sea posible.
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Ha comenzado ya la difusión intensiva de la consulta popular del 1 de agosto.
En el número de The Economist que circula en este momento hay un artículo relativo a ella en el que se caracteriza a esta consulta como un show.
Tiene razón el semanario porque el fingimiento se ha dado desde el principio y continúa hasta hoy.
Recuerde usted que la pretensión del presidente de la República era establecer una consulta para determinar si habría que llevar a juicio a los expresidentes, comenzando con Carlos Salinas y terminando con Enrique Peña. En el texto propuesto venían con nombre y apellido.
Además, recuerde también que la pretensión era que se realizara junto con la jornada electoral, pretendidamente, para reducir su costo, realmente para apalancar políticamente a Morena.
La composición del Congreso favorable a la 4T permitió que una redacción de la pregunta flagrantemente inconstitucional fuera aprobada.
Al final de cuentas fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su evidente inconstitucionalidad pues no se puede poner a consulta popular la aplicación de la ley.
Sin embargo esto no ha sido obstáculo para que la campaña pública que está realizando Morena se apunte expresamente que se trata del juicio a los expresidentes.
Es decir se está convocando a la ciudadanía a una consulta que no habrá de realizarse pues esa no es la pregunta que aparecerá en las papeletas.
En una maniobra singular, la Corte realizó funciones legislativas y cambió el texto de la pregunta a la frase ininteligible que aparecerá en las boletas y que de acuerdo a la interpretación del ministro presidente, Arturo Zaldívar, en realidad más que a un juicio apunta a la conformación de algo así como una especie de Comisión de la Verdad.
Aunque, para sumar a esta colección de equívocos, tampoco se pregunta expresamente a los ciudadanos si están de acuerdo en la formación de dicha Comisión.
Además, hay que recordar que de acuerdo al texto constitucional, para que sea vinculante la consulta, es decir para que sea obligatorio que se realicen acciones que se deriven del resultado, se requiere una participación del 40 por ciento de la lista nominal de electores, lo que hoy representa poco más de 37 millones de personas.
Ni en los escenarios más optimistas de Morena hay la posibilidad de acercarse siquiera a esa cifra.
Aún los partidarios de la 4T con la imaginación más calenturienta hablan de una participación de 15 millones de personas, pero en realidad parece mucho más realista el pensar en una cifra que podría estar entre 4 a 6 millones.
Sin embargo, no sería sorpresa que incluso fuera menor la cifra.
Es interesante, sin embargo, que los ciudadanos que fueron convocados para estar a cargo de las poco más de 50 mil casillas en las que habrá de realizarse la votación, en términos generales aceptaron.
Esto puede sorprender a muchos ya que se hizo público el rechazo de algunos por considerar inútil la consulta. No obstante, esa no fue la respuesta del ciudadano de a pie, que estará en las casillas el primer domingo del mes de agosto.
Desde ese domingo por la noche tendremos un dato bastante preciso de el resultado de la consulta así como del nivel de participación en virtud del conteo rápido que ha previsto el INE.
¿Qué sucederá en la mañanera del lunes 2 de agosto?
De por un hecho que el presidente de la República señalará que se trató de un ejercicio democrático exitoso en el cual los ciudadanos mostraron su acuerdo en que se investigue a los expresidentes.
Sin embargo lo más probable es que señale que esa es una tarea que deberá decidir la Fiscalía General de la República pues tiene un carácter independiente. Pero no sería raro que ese mismo día, como colofón del “show” se anuncie la formación de la Comisión de la Verdad para investigar los hechos en los que señalan responsabilidad de los exmandatarios, desde la privatización de empresas públicas, actos de corrupción, hasta fraudes electorales.
El objetivo será sacar toda la rentabilidad política que sea posible.
Es probable que ese lunes 2 de agosto, el presidente también diga que el hecho de que no se haya alcanzado una mayor cifra de participantes fue por la campaña en contra de los conservadores y del propio Instituto Nacional Electoral.
Seguramente no dirá que fueron los propios legisladores, incluyendo los de Morena, los que fijaron que la difusión por parte del INE comenzaría a partir del 15 de julio.
Además, esta consulta será un ensayo de lo que sucederá el próximo mes marzo de 2022, cuando se pondrá sobre la mesa la revocación de mandato.
Alrededor de esa consulta del próximo año le puedo anticipar que tendremos una tormenta política cuyas dimensiones todavía ni imaginamos.
En la que habrá de realizarse el 1 de agosto, como bien dice The Economist, se tratará de un ‘show’, o si lo quiere decir de manera más directa, de una farsa.
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