Los activistas participaron en el panel “Abrazos, balazos, etc… El país de las víctimas”, que se organizó dentro de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.
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GUADALAJARA, Jal. (Apro).– Los activistas Cecilia Flores, Julián LeBarón y el sacerdote Jesuita Javier Pato Ávila, tras compartir sus trágicas experiencias, coincidieron en señalar que carecen del apoyo de las autoridades estatales y federales, y que en este país impera la impunidad.
Cecilia Flores Armenta, líder y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, comentó que “tenemos unos gobiernos apáticos, insensibles, burocráticos, que en lugar de apoyarnos nos inhiben las búsquedas”.
Lamentó que el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, piense que las personas desaparecen por voluntad propia, y calificó a su gobierno como el peor. Recordó que cuando conoció a Alfaro, el gobernador se puso a sus órdenes en la búsqueda de desaparecidos, pero después les quitó el apoyo.
Consideró que las amenazas de muerte que ha tenido provienen de las autoridades, puesto que los grupos organizados no se meten con las mujeres que “no les deben”.
“No tengo miedo a morir, porque muerta vivo desde que perdí a mi primer hijo”, apuntó. Desde hace siete años, Ceci Flores busca a dos de sus hijos que desaparecieron en diferentes fechas.
Julián LeBarón mencionó que en junio de 2009, la comunidad de Galeana acudió afuera de palacio de gobierno de Chihuahua para exigir la liberación de su hermano Eric, quien fue secuestrado. El hombre fue liberado, pero en represalia por el movimiento dos de sus familiares fueron asesinados un mes después. En noviembre de 2019, padeció el asesinato de otros nueve miembros de su familia, entre ellos seis menores de edad.
“Como lo que nos platica Cecilia, (la seguridad) es un fracaso absoluto y total, la impunidad es del 100%”. Refirió que por el asesinato de los nueve integrantes de su familia a la fecha no hay ningún sentenciado.
Consideró que con la “unidad de los asesinados en este sexenio, tenemos suficientes personas como para poner de rodillas a cualquier autoridad de nuestro país”.
En su estado, Chihuahua, dijo que la policía del noroeste es peligrosa, pues desaparecen personas y son “los brazos de las organizaciones criminales”.
En tanto, Ávila, quien radica en la sierra Tarahumara desde 1975 y es cofundador de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, reiteró que “los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”.
Esta frase la mencionó durante la misa de cuerpo presente, luego del asesinato de los padres Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocahui, Chihuahua, en junio pasado.
Tras ese acontecimiento, indicó que se pasó de ser solidario con el dolor, a doliente; “de ser solidario con las madres de los desaparecidos, me siento buscador, porque se llevaron los cuerpos también de los dos jesuitas”.
Recalcó que la impunidad abarca todo el país, no solo Chihuahua. “No hay una decisión política de autoridades estatales ni federales para desarticular el cáncer que han dejado crecer”, apuntó.
Javier Ávila estimó que la autoridad buscó a los dos sacerdotes jesuitas asesinados al pertenecer a la organización internacional Compañía de Jesús.
Dijo que llama la atención que por el homicidio de los jesuitas la autoridad aprehendió a más de 20 sujetos, pero no han podido detener a “El Chueco”, presunto líder del grupo delictivo Gente Nueva y autor de los asesinatos.
Lamentó que para detener al exfiscal de Chihuahua Francisco González, a quien considera inocente, usaron más de 10 vehículos, 350 elementos del Ejército –incluyendo Guardia Nacional– y casi 100 policías estatales. Sin embargo, en la región de Cerocahui no han podido detener a un sujeto.
Si la autoridad no ha aprehendido a “El Chueco”, dijo, sólo existen dos explicaciones: “incapacidad tremenda o complicidad vergonzosa”.
Las declaraciones de los activistas se dieron dentro del panel “Abrazos, balazos, etc… El país de las víctimas”, que se organizó dentro de la Feria Internacional del Libro (FIL).
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