La audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “México: Protección de Mujeres Buscadoras” concluyó sin respuesta a las exigencias de protección y esclarecimiento de 22 asesinatos de personas buscadoras.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “México: Protección de Mujeres Buscadoras” concluyó sin respuesta a las exigencias de protección y esclarecimiento de 22 asesinatos de personas buscadoras, 15 casos ocurridos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como sobre los efectos del censo a cargo de la Secretaría de Bienestar, que redujo un universo de más de 115 mil personas desaparecidas a poco más de 12 mil víctimas “confirmadas”.
La audiencia se desarrolló con la ausencia de funcionarios de primer nivel del Estado Mexicano y en ella familiares de personas desaparecidas dedicadas a la búsqueda de los suyos y de más víctimas, narraron historias de compañeros y compañeras que han sido asesinados en represalia a su labor de búsqueda y al amparo de la impunidad en que se mantienen los casos.
Las denuncias
Alejandra Martínez, hermana de Ismael Martínez Carrizales, desaparecido en 2020, presentó ante los comisionados, presididos por Andrea Pochak, el caso de Rosario Lilian Rodríguez, madre de Fernando Ramírez, desaparecido en 2019, quien fue privada de la libertad en 2022, apareciendo su cuerpo en vía pública, asesinada a golpes, arrollada por un vehículo y envuelta en una manta con la ficha de búsqueda de su hijo.
A Javier Barajas le tocó hablar del asesinato de su hijo Javier en mayo de 2021, quien se había convertido en buscador para localizar a su hermana Guadalupe, desaparecida en 2020 y ubicada por su hermano tres meses antes de que fuera ejecutado. El padre de ambos denunció cómo ambas muertes permanecen en la impunidad, por lo que tuvo que desplazarse de su municipio, Salvatierra, Guanajuato.
Bibiana Mendoza, hermana de Manuel Ojeda Negrete, desaparecido en 2018, denunció la negación de protección al desconocerle su calidad de defensora de derechos humanos, a pesar de los riesgos que corre al buscar a personas desaparecidas en territorios controlados por el crimen organizado, a donde muchas veces acuden sin la compañía de agentes de seguridad o de investigación.
Tras señalar que cuando cuentan con medidas de protección, les son retiradas sin fundamento, Viviana Mendoza dijo que la respuesta del Estado a sus exigencias de brindar medidas de seguridad ha consistido en “impartir talleres de autoprotección, haciendo que nuestra supervivencia sea nuestra propia responsabilidad”.
Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, alertó de los riesgos a que se enfrentan las personas buscadoras y la indiferencia del Estado, que “de ninguna manea pueden ser disociados de los temas de la crisis de desaparición en México y la respuesta estatal”.
Añadió que “hoy nos enfrentamos a un censo, una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que pareciera sólo buscar minimizar la dimensión de la crisis al considerar como ‘confirmadas’ 12 mil 377 denuncias de las casi 115 mil reconocidas en el Registro”.
Desmantelamiento desde el gobierno
Luego de señalar que, pese a la existencia de instituciones y leyes, “el funcionamiento es nulo e ineficaz”, Sandoval agregó que el escenario descrito forma parte del “desmantelamiento de los esfuerzos por construir institucionalidad federal para la búsqueda, y de mecanismos extraordinarios para la identificación forense”, en los que tuvo participación la CIDH.
Los familiares de desaparecidos e integrantes de organizaciones acompañantes, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Artículo 19 y la Fundación para el Debido Proceso y la Democracia, urgieron a la CIDH a realizar una visita a México para constatar el riesgo que corren las personas buscadoras.
Asimismo, alertaron que la ausencia de funcionarios de alto nivel del gobierno federal y de la Fiscalía General de la República muestra la falta de interés de la actual administración en atender la crisis de desapariciones.
La audiencia contó también con la participación del representante adjunto de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) Jesús Peña Palacios, quien reconoció que “la adopción del paradigma de carácter militar” no ha significado disminución en la violencia ni en la tendencia de personas desaparecidas”.
Tras sostener que hay un incremento de la violencia desde 2019, Peña Palacios señaló que la ONU-DH tiene registrados nueve asesinatos de mujeres vinculados con acciones de búsqueda.
Durante la audiencia se dejó correr en las pantallas de la sala un video con fotografías de familiares de personas desaparecidas asesinadas por su labor de búsqueda, incluidas las últimas dos víctimas, Ángela Almeraz y Noé Sadoval, así como Lorenza Cano, desaparecida desde el pasado 15 de enero.
La presidenta de la mesa, Andrea Pochak, resaltó que la gravedad de la crisis de desapariciones en México ha llevado a la CIDH a preparar un informe sobre esta situación, el cual podría publicarse en fecha próxima.
Crisis de desapariciones
Tras reconocer la labor de las personas buscadoras, que son también impulsoras de las reformas legislativas e institucionales en México para impedir que más personas sufran lo que ellas, Pochak, nueva relatora especial para México, advirtió que si bien al principio de su administración López Obrador reconoció la crisis de desapariciones, la continuidad del fenómeno obliga al Estado a “rendir explicaciones”.
Incluso la CIDH debe reconocer que no ha podido “ayudar a eliminar el flagelo”, expuso.
La comisionada resaltó que la falta de respuesta adecuada al problema explica “la existencia de personas buscadoras, que ellas tengan que salir a buscar y que luego sufran las consecuencias de la búsqueda, adicional a la desaparición masiva de personas, al impacto social, económico y psicológico que se tiene”.
Luego de escuchar los testimonios de los peticionarios de la audiencia, Pochak consideró “intolerable” que “buscar personas desparecidas implique poner en riesgo la propia vida”, y más aún que “cuando se encuentran los restos ocurre una segunda desaparición, porque los restos no se custodian, no se identifican, es decir, los desaparecidos vuelven a desaparecer”.
Los comisionados participantes Pochak, Gloria De Mess, Javier Pal y la secretaria ejecutiva adjunta Claudia Pulido requirieron a los representantes del Estado mexicano información sobre las investigaciones y las sanciones a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de personas buscadoras.
También solicitaron información sobre el número de personas buscadoras beneficiarias del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas; por qué no se reconoce a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos, y cuál fue el objetivo del censo de personas desaparecidas y qué uso se le dio en materia de políticas públicas.
En nombre del Estado mexicano tomó la palabra la directora general de Vinculación y Políticas Públicas de la Comisión Nacional de Búsqueda, Xasní Pliego Granillo, quien se limitó a leer leyes, reglamentos y protocolos relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas, sin dar respuesta a los cuestionamientos de los comisionados.
Pliego Granillo, quien en sus redes sociales presume ser fundadora de Morena en la Ciudad de México, ha estado vinculada a la actual encargada de la CNB, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, tanto en la Secretaría del Bienestar como en el Instituto Nacional de Educación para Adultos.
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