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Moscú. El Kremlin justificó este viernes el recibimiento con honores de Estado, con alfombra roja y guardia de honor, que dio el presidente Vladimir Putin al pie de la escalerilla del avión a los ocho rusos que obtuvieron la libertad mediante el mayor canje de prisioneros desde los tiempos de la guerra fría efectuado el jueves anterior entre Rusia y Estados Unidos y sus aliados.
“Es algo muy importante: un homenaje a aquellas personas que sirven a su país y que, después de pruebas harto difíciles, gracias al arduo trabajo de muchas personas, pudieron regresar a la patria”, opinó el vocero de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, en su habitual rueda de prensa.
El portavoz reveló que Vadim Krasikov, condenado a cadena perpetua en Alemania por asesinar en un parque de Berlín a Zelimjan Jangoshvili, ex comandante de un grupo separatista checheno, “es agente del FSB (Servicio Federal de Seguridad) y antes fue integrante del grupo de élite Alfa (del organismo sucesor del KGB soviético), etapa en la que coincidió con varios de los guardaespaldas del Presidente. Desde luego, ellos le dieron la bienvenida anoche”.
El propio Putin abrazó a Krasikov apenas descendió del avión y, en la entrevista que concedió en febrero pasado al estadunidense Tucker Carlson, se refirió a él como “patriota que cumplió su deber al ajusticiar a un sanguinario criminal”. La entrega de Krasikov, calificada de “decisión nada fácil” por el canciller federal Olaf Scholz, provocó reacciones encontradas en Alemania.
Peskov también admitió que en el grupo de canjeados había “agentes encubiertos” como Anna y Artiom Dultsev, que vivían en Eslovenia como María Rosa Mayer Muñoz y Ludwig Gisch, respectivamente, “argentinos” de origen alemán. Detenidos en diciembre de 2022, alquilaban un local en Liubliana y se dedicaban a la venta de bienes raíces y antigüedades. Un día antes del canje, tras confesar ser espías, una corte eslovena los condenó a un años y siete meses de cárcel.
El vocero de Putin dijo que se les incluyó en el intercambio “ante el riesgo de que les quitaran la patria potestad si se quedaban ahí” y sus dos hijos menores se enteraron de que sus padres eran en realidad rusos al abordar el avión y, como no hablan el idioma, el Presidente “los saludó en español, les dijo ‘buenas noches’”
Según Peskov, otro de quienes regresaron, sin decir su nombre, era “agente de la dirección de inteligencia militar (GRU, por sus siglas en ruso). En la prensa internacional, desde que se le detuvo en Noruega por “realizar labores de espionaje”, circula la versión de que podría tratarse de Mijail Mikushin, académico de la Universidad de Tromso, quien se presentaba como “brasileño” bajo el nombre de José Assis Giammaria.
El Kremlin no quiso explicar por qué motivo se incluyó en el grupo al periodista español Pablo González (Pavel Rubtsov, según su pasaporte ruso), que estaba detenido en Polonia por presunto espionaje en favor de Rusia, aunque Varsovia no llegó a presentar cargos contra él en los dos años y cinco meses que estuvo entre rejas.
“El motivo de su inclusión y otros detalles no pueden ser objeto de discusión pública”, respondió Peskov a la agencia española EFE.
El gobierno polaco afirmó este viernes que dejó en libertad a González, al que llamó “espía con doble nacionalidad”, y archivó la investigación abierta contra él porque “Polonia es un miembro leal de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), un aliado leal de Estados Unidos”, de acuerdo con la agencia polaca PAP.
Entretanto, un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas emitió en Ginebra un comunicado en el que expresan su satisfacción por “la liberación de 16 presos políticos en Rusia” como resultado del reciente canje y, al mismo tiempo, denuncian que ahí “aún quedan otras mil 372 personas en prisión por expresar sus opiniones políticas y oponerse a la guerra en Ucrania”.
Los firmantes del comunicado –entre otros, la búlgara Mariana Katzarova, Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Federación Rusia, y la irlandesa Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas para los defensores de los derechos humanos– instan al Kremlin a ponerlos en libertad.
“Es crucial modificar las leyes penales e impedir su uso indebido para silenciar a la disidencia y perseguir a figuras de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas que informan de forma veraz sobre la guerra contra Ucrania y son críticos con el gobierno ruso”, apuntan.
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