Con un comunicado conjunto, expertos sostuvieron que la medida puede aumentar el riesgo de abusos contra los derechos humanos.
Un grupo de 11 expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por la reforma que busca trasladar a la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Nos alarma que, de aprobarse la propuesta de reforma constitucional, ésta asignaría de forma permanente funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. El potencial impacto de esta modificación en el aumento de las desapariciones forzadas y la impunidad es extremadamente preocupante”, afirmaron.
Al hacer público su reclamo, los expertos de Naciones Unidas recordaron que el organismo internacional ha tomado nota de que México ha incrementado progresivamente el papel de las Fuerzas Armadas en su modelo de seguridad interior.
En este sentido, expresaron de forma explícita su preocupación por la actuación de las Fuerzas Armadas en el pasado, ya que han sido señaladas de violentar las garantías de los ciudadanos.
Por otro lado, los expertos alertaron que, de llevarse a cabo estos cambios a la Constitución, el Estado mexicano iría en contra del derecho internacional.
“De aprobarse, México contravendría numerosas recomendaciones formuladas por órganos de tratados y procedimientos especiales de ONU que, desde 1999, han señalado la necesidad de asegurar que las labores de seguridad pública sean realizadas por fuerzas de seguridad civiles”, señalaron.
Además, insistieron en que la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública debe ser estrictamente extraordinaria, complementaria, subordinada a la autoridad civil y supervisada.
“Además, México debe garantizar el alcance restrictivo y excepcional de la jurisdicción militar para prevenir la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, tales como la tortura, detención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada”, pidieron.
Asimismo, argumentaron que la Guardia Nacional debe seguir dependiendo de las instituciones civiles y es necesario fortalecer sus capacidades desde un paradigma de seguridad ciudadana.
En el mismo sentido, sostuvieron que se deben “fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar su eficacia”, señalaron.
El documento fue firmado por Aua Baldé, presidenta del Grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Gabriella Citroni, vicepresidenta de este mismo organismo, y Grażyna Baranowska, otra integrante del grupo.
Entre los expertos que respaldaron esta declaración se encuentran Morris Tidball-Binz, relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; Gina Romero, relatora especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, y Mary Lawlor, relatora especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos.
Finalmente, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, firmaron el presidente y relator, Matthew Gillett; Ganna Yudkivska, vicepresidenta de Comunicaciones; Priya Gopalan, vicepresidenta responsable del seguimiento, y las integrantes Miriam Estrada Castillo y Mumba Malila.
Cargando ...
