Entre otras cosas, en el informe expuso a los jueces que liberaron a presuntos delincuentes, pese a que son considerados generadores de violencia o culpables.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El informe “los excesos del Poder Judicial”, presentado en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, estuvo dedicado a los frenos a las mega obras o programas del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, así como las liberaciones que en ese gobierno consideraron irregulares.
En un extenso informe, la secretaria de Gobernación -en el gobierno del tabasqueño, secretaria de Seguridad- Rosa Icela Rodríguez, indicó que la reforma a este poder era necesaria, por ejemplo, porque a la Ley de la Industria Eléctrica se resolvieron 161 suspensiones de amparo; a la Ley de la Guardia Nacional, cinco; a la Ley Minera, cinco; al Fondo de Pensiones para el Bienestar, 25.
Aunque con más suspensiones ordenadas, las leyes mencionadas después fueron: extinción de fideicomisos del Poder Judicial, se dieron 717 suspensiones; y a los vapeadores, 240.
En torno a las suspensiones de amparo a obras se destacó el Tren Maya, con dos; en cuanto a las políticas públicas: 26 a los libros de texto gratuitos; cinco a las áreas naturales protegidas; 73 para la suspensión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; y ocho contra las conferencias matutinas, en ese orden de importancia.
Rodríguez también destacó las “injerencias del PJF en asuntos electorales”, donde, como en el sexenio anterior, una vez más se menciona la cena privada entre la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, en la casa del ministro Luis González Alcántara Carrancá a la que asistió el dirigente del PRI, Alejandro Moreno “y fueron invitados el coordinador también de campaña de la candidata Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, y los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral”.
También recordó la falta de magistradas, por un atraso del Senado y su negativa en nombrarlas, precisamente en el tiempo de la calificación de la elección. Así como la admisión de un recurso del dirigente del PAN, Marko Cortés, para la interpretación y definición de criterios para diputaciones plurinominales.
La funcionaria habló de la venta de exámenes de oposición para jueces con un costo de 186 mil pesos, así como las impugnaciones en torno a este tema por irregularidades; entre otros asuntos, también el nepotismo, aunque sólo mencionó el del Poder Judicial.
“La persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales, esto de acuerdo a la información oficial del propio Consejo de la Judicatura”, dijo.
La secretaria reiteró que de 2004 a 2023 se han presentado 38 mil quejas en contra de servidores públicos, de las que 86 por ciento se desecharon sin iniciar ninguna investigación; mientras que de las que sí se investigaron, el Consejo de la Judicatura sólo sancionó a 472 jueces y magistrados.
En cuanto a esas sanciones, el 0.7 por ciento recibió un apercibimiento y una amonestación; el 0.2 por ciento, una suspensión momentánea; el 0.1, una destitución, que, por amparos, regresaron a trabajar; el 0.6 fueron inhabilitaciones; y 0.04 con sanciones económicas.
De enero a septiembre de 2023, el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República presentaron 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el Consejo de la Judicatura Federal, pero hasta el momento no se aplicó ninguna con sanción.
También expuso el salario con prestaciones que recibe un ministro y que llega a 792 mil 256 pesos, “contempla el sueldo base, la compensación, las precisiones de previsión social, la prima vacacional, el aguinaldo, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado, el estímulo de antigüedad, el pago por riesgo, los viáticos para restaurantes de lujo, el apoyo de gasolina y el apoyo para vehículo blindado”.
Por ejemplo, para un integrante del Consejo de la Judicatura Federal, el total bruto anual es de 5 millones 529 mil 451 pesos y mensual de 460 mil 787 pesos; el salario de un magistrado es de 4 millones 490 mil 441 pesos anual y mensual de 374 mil 203 pesos; en el caso de un juez de distrito tiene un sueldo bruto anual de 4 millones 050 mil 903 pesos y mensual de 337 mil 575 pesos.
Sobre las audiencias, órdenes de aprehensión y cateos no celebrados por el Poder Judicial del 20 de agosto al 30 de septiembre por el paro, sumaron 12 mil 448 audiencias canceladas, 16 órdenes de aprehensión que no se emitieron.
El informe también expuso a los jueces que liberaron a presuntos delincuentes, pese a que son considerados generadores de violencia o culpables, entre los que destacan los casos de Rafael Caro Quintero, “El Güero Palma”, “El Compa Playa”, Emilio Lozoya, de los exgobernadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Javier Duarte y Roberto Borge, así como el de Tomás Zerón y José Luis Abarca, por el caso Ayotzinapa.
Sobre las personas privadas de la libertad, que son alrededor de 21 mil en los centros federales, de las que seis mil 97, es decir, más del 28 por ciento no han recibido sentencia.
“Otro ejemplo es en el Centro Femenil de Morelos. De un total de mil mujeres que se encuentran ahí, 415 personas privadas de la libertad han esperado entre un año y 17 años para una sentencia. El 34 por ciento lleva entre nueve y 12 años de prisión sin la resolución de un juzgador”, expuso Rodríguez Velázquez.
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