Sobre el secuestro de ‘El Mayo’ Zambada, el juez Alejandro Alberto Díaz aseguró que la FGR no tenía pruebas suficientes para solicitar la orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López.
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Ante los señalamientos del juez Alejandro Alberto Díaz, quien acusó que la fiscalía no tenía pruebas suficientes para pedir una orden de aprehensión por el secuestro del Mayo Zambada y del homicidio de Héctor Melesio Cuén, ahora el Ministerio Público acusó que el recurso no estaba relacionado con ese caso.
A través de una tarjeta informativa, la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que presentó 78 datos de prueba por secuestro y traición a la patria por parte de Joaquín Guzmán López. Estos “eran más que suficientes para emitir una orden de aprehensión contra dicho individuo”.
Además, acusó al juzgador por omitir que la orden de aprehensión contra Joaquín ‘N’ era por secuestro y traición a la patria, y que no había ninguna solicitud del Ministerio Público por el homicidio del doctor Héctor Melesio Cuén.
Previamente, la jueza Diana Partida señaló que Marcelino Ticante Castro, alias ‘el Fantasma’, quien fuera señalado de ser el jefe de seguridad del Chapo Guzmán, fue liberado conforme a la ley.
En días pasados, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acusó a la juzgadora de estar del lado del crimen organizado por esta resolución y calificó este acto de ser un nuevo “sabadazo”.
En un nuevo desmentido por parte de los juzgadores en contra del Poder Ejecutivo, Partida Arámburo señaló que esto es falso, y reviró que la Fiscalía General de la República (FGR) no impugnó su decisión.
“(La resolución) Fue declarada firme. ¿Por qué fue declarada firme? ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna de las partes la impugnó, ni la fiscalía ni las autoridades que participan en las controversias de ejecución”, explicó la juzgadora.
Agregó que esto se dio cuando “la persona en este caso cumplió con 97.47 por ciento de la pena, por lo que solamente le restaban 102 días”.
Al defender su decisión, la juzgadora afirmó que se llega a esas conclusiones por estudiar los casos y no por asuntos de fortuna.
“No usamos tómbola, ni moneda tibetana para determinar quién se queda en prisión, quién sale, quién se queda con los hijos, quién se queda con la casa… Resolvemos con datos, con pruebas, con la ley, con argumentos”, sentenció.
Finalmente, la juzgadora insistió en que el presunto exjefe de seguridad del capo cumplió con todos los requisitos para acceder a este beneficio.
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