En su sexenio López Obrador censuró los recursos provenientes de Estados Unidos en favor de las ONG. Sin embargo, en 2020 el Instituto Nacional de Salud Pública aceptó dinero de la fundación Bloomberg para una compaña contra la comida chatarra.
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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Crítico del financiamiento externo a organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador operó una de sus principales políticas públicas de salud con recursos de la fundación Bloomberg mediante el entonces subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez.
En medio de la crisis sanitaria detonada por la pandemia del covid-19, el entonces subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud encabezó una intensa campaña contra los alimentos ultraprocesados, a los que señaló como corresponsables de la magnitud de las consecuencias de la emergencia de salud que dejó 833 mil 473 muertes en exceso.
De acuerdo con el informe de la Comisión Independiente de Investigación, dado a conocer en mayo último, https://www.comisioncovid.mx/index.html, la cifra colocó a México como el cuarto país con más muertes en el mundo entre los años 2020 y 2023.
Principal responsable de la gestión contra la pandemia, López-Gatell (a la postre aspirante a la Jefatura de Gobierno de la CDMX por Morena) evitó la promoción del uso de cubrebocas para detener el contagio y se embarcó en una campaña contra los alimentos ultraprocesados a los que señaló como causantes de las comorbilidades que dispararon la mortandad por el virus.
El 16 de octubre de 2020, el primer año de la pandemia, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, firmó un acuerdo con la fundación Bloomberg para recibir un millón 724 mil dólares con el propósito de promover la Iniciativa de Prevención de la Obesidad.
Los recursos del acuerdo, vigente entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de enero de 2022, se destinaron a influir en la elaboración de políticas públicas vía una serie de estudios con la participación principal del director de Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, Simón Barquera Cervera, quien junto con López-Gatell fue durante el sexenio pasado un activo promotor en contra de los alimentos procesados.
En las investigaciones también participó Mónica Arantxa Colchero, investigadora en Ciencias Médicas en el INSP y exesposa de López-Gatell.
1.3 millones de dólares para salarios
De acuerdo con el convenio, las investigaciones se centraron en los efectos de la comida chatarra en la salud, la pérdida de productividad, el empleo y la tasa costo-beneficio respecto de los ingresos fiscales.
También se enfocaron en la comercialización de esos productos, el etiquetado de los alimentos, precios, políticas públicas y la puesta en marcha de guías de alimentación para las escuelas.
Durante toda la gestión de la pandemia, López-Gatell fue un activo promotor de estos temas.
Del total de recursos, un millón 303 mil 316 dólares se destinaron a salarios de los distintos investigadores, se indica en los anexos del acuerdo obtenido vía la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a Información y Protección de Datos Personales (INAI), próximo a desaparecer como parte del llamado Plan C de López Obrador.
Además del INSP, el acuerdo identifica a la organización El Poder del Consumidor como uno de sus socios para promover la iniciativa en México, por la que también recibe recursos de la fundación del exalcalde de Nueva York, Michael Blomberg.
De acuerdo con los reportes anuales de donatarias autorizadas entregadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión, esa organización que dirige Alejandro Calvillo recibió 355 millones de pesos de recursos del exterior, entre 2017 y 2023.
En el documento, la Iniciativa de Prevención de la Obesidad es identificada como una estrategia global a la que la fundación programó 250 millones de dólares durante cinco años.
El Poder del Consumidor es una de las siete organizaciones a las que la fundación destinó esos recursos en el mundo.
La fundación busca que para antes de 2025, en México y otros seis países (Brasil, Jamaica, Barbados, Colombia, Sudáfrica y Estados Unidos) se hayan adoptado al menos 20 acciones de políticas públicas contra la obesidad, así como trabajos de investigación que apoyen dichas políticas.
Según el código fiscal de Estados Unidos, las organizaciones no lucrativas de ese país están impedidas para financiar cabildeo o proyectos destinados a influir políticas públicas de otros países.
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