El sector empresarial reporta cierres masivos de negocios ante el repunte de extorsiones e impunidad en la entidad.
Un diagnóstico del panorama político y de seguridad en Baja California situó a la entidad como una de las más violentas del país según el Índice de Paz México 2026, enfrentando un deterioro en la gobernabilidad y en la actividad económica regional a un año de que concluya el mandato de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Informes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la entidad señalan que el incremento sostenido del cobro de piso y las extorsiones directas han forzado el cierre definitivo de decenas de establecimientos comerciales en municipios clave como Tijuana y Playas de Rosarito. Esta problemática se suma a los sealamientos de presunta penetración de la delincuencia organizada dentro de dependencias de la administración pública local y ayuntamientos.
Paralelamente, la administración estatal afronta un escenario de desgaste institucional exacerbado por investigaciones que involucran la revocación del visado estadounidense a la mandataria estatal y reclamos por parte de la sociedad civil organizada ante la falta de una estrategia efectiva para neutralizar a los grupos delictivos que operan en las calles.
Fuente: Consejo Coordinador Empresarial de Baja California | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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