La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre la persistencia de la violencia contra periodistas en México, donde documentó tres asesinatos de comunicadores, además de amenazas, agresiones y medidas legales.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió una severa advertencia sobre la alarmante persistencia de la violencia, las agresiones físicas y los asesinatos perpetrados contra trabajadores de la comunicación en México, un contexto que mantiene al gremio periodístico en una situación de extrema vulnerabilidad. Durante su último informe de evaluación sobre la libertad de expresión, la organización internacional documentó de manera formal el homicidio de al menos tres comunicadores en el transcurso del año, exigiendo a las instancias de procuración de justicia federales y estatales la apertura de indagatorias exhaustivas que agoten de manera prioritaria la línea de investigación relacionada con el ejercicio periodístico.
Entre los casos más graves documentados en el informe destacan los crímenes de Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, y el fotógrafo y creador de contenido Ricardo Zúñiga Rosas, ambos abatidos en el estado de Puebla, así como el asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y reconocido columnista crítico de las autoridades locales. A este bloque de ejecuciones se sumaron las denuncias sobre amenazas de muerte, hostigamiento durante coberturas de calle y presiones directas ejercidas por corporaciones de seguridad para obligar a los reporteros a borrar material informativo, reflejando el hostigamiento sistémico que enfrentan en las distintas regiones del país.
Asimismo, organismos internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) respaldaron el llamado de la SIP para combatir la impunidad rampante que prevalece en los casos de agresiones a la prensa. El informe también puso el foco en el uso de instrumentos legales de carácter punitivo y reformas legislativas discrecionales que buscan inhibir la labor informativa, señalando antecedentes como la denominada «Ley Serrano» aprobada en San Luis Potosí y la subsecuente criminalización de comunicadoras, lo que evidencia el uso del aparato del Estado para coartar la libertad editorial.
En el ámbito institucional y de regulación federal, la SIP externó su preocupación ante la promulgación de nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias aprobados recientemente, los cuales han generado alertas en los gremios especializados por el riesgo latente de derivar en actos de censura indirecta o interferencia en los contenidos informativos. Aunque el gobierno federal ha rechazado tajantemente que estas disposiciones busquen menoscabar la labor de los medios, el clima de confrontación discursiva y los señalamientos gubernamentales contra analistas continúan tensando la relación entre el poder público y la prensa crítica.
Como resultado de este cúmulo de factores adversos, la clasificación mundial de la libertad de prensa elaborada por RSF para 2026 sitúa a México en el sitio 122 de 180 naciones evaluadas, desplome que se agrava drásticamente al descender hasta el puesto 160 en el indicador específico de seguridad para comunicadores. Las organizaciones firmantes insistieron en que, sin una voluntad política real para desmontar las redes de impunidad y garantizar protocolos eficaces de protección, el ejercicio del periodismo profesional en el territorio mexicano seguirá operando bajo un riesgo latente e inadmisible para la democracia.
Fuente: Informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) / Organizaciones internacionales de derechos humanos | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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