Víctor Hugo Carvente expuso ante diputados que un oligopolio familiar e interconectado ha controlado el suministro de material electoral inflando precios hasta 88 veces.
Un grave problema de corrupción estructural e histórica quedó al descubierto este jueves en el Poder Legislativo, luego de que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, denunciara ante comisiones de la Cámara de Diputados que un bloque de cinco empresas ha simulado competencia para acaparar contratos de material electoral por más de 2 mil 461 millones de pesos. Durante su comparecencia conjunta ante las comisiones de Vigilancia de la ASF y de Transparencia y Anticorrupción, el funcionario presentó un expediente maestro que confirma la existencia de un oligopolio integrado por Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México.
Ante legisladores, Carvente detalló que estas compañías operan mediante una maquinaria de colusión con representantes legales cruzados —como José Alfredo Hernández Casillas, vinculado a la gestión de Guadalupe Taddei—, fijando artificialmente los precios y elevando los costos hasta en 88 veces entre 2021 y 2024. El contralor precisó que este esquema no se limita al Consejo General del INE, sino que se extiende a todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), evidenciando un andamiaje corporativo que ha drenado recursos públicos a lo largo de once años bajo prácticas de simulación y adjudicaciones concertadas.
Oligopolios en órganos autónomos, sobreprecios en materiales comiciales y la comparecencia del OIC ante la Cámara de Diputados:
– Concentración de recursos: El 77% de los contratos para comicios federales y locales —que superan los 2 mil 400 millones de pesos— ha beneficiado exclusivamente al bloque de cinco empresas señaladas.
– Simulación de competencia: Las investigaciones del OIC detectaron la participación cruzada de apoderados legales y familiares que controlan simultáneamente múltiples razones sociales.
– Inflación de costos: El contralor documentó sobreprecios injustificados en la proveeduría de papelería y materiales electorales utilizados en las contiendas democráticas.
– Revisión estructural: El informe presentado ante la Cámara Baja subraya la urgencia de desmantelar las redes de colusión que operan tanto en el INE como en los OPLES.
Las revelaciones intensifican la presión institucional para someter a auditorías exhaustivas los procesos de proveeduría y compras consolidadas en los organismos electorales del país.
Ficha técnica: Cámara de Diputados / Órgano Interno de Control del INE | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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