Presidencia de cartón de Bahía, un desfalco de más de 52.8 MDP: ASEN

Por Paty Aguilar

Con fecha 25 de enero 2018, el ex regidor de Bahía de Banderas, ahora diputado local de Nayarit, presentó una denuncia ante la Auditoría Superior del estado de Nayarit, donde solicitó una auditoria especial al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, por hechos que presumió irregulares en relación al proyecto y ejecución del mismo de lo que iba a ser el Conjunto Administrativo de Bahía de Banderas, lo que luego de la primera etapa de su construcción se ganó el mote de la Presidencia de Cartón debido a que se construyó con material de tablaroca.

El resultado se dio a conocer un año después y fue totalmente negativo según el dictamen de la Auditoría que se centró en el ejercicio fiscal 2016 cuyo objetivo consistió en comprobar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, control y conclusión de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas; se hayan apegado a los lineamientos y normatividad aplicable.

Según dicho dictamen, en Auditoría Pública se determinó fiscalizar un monto de 138 millones 31 mil 373 pesos reportados en el cierre de ejercicio 2016 de los cuales se detectó un daño o perjuicio a la hacienda pública por la cantidad de 52 millones 802 mil 220 pesos.

En la obra de la presidencia de cartón, se comprobó que carece de la debida documentación comprobatoria del gasto; carece de la debida justificación; deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra; deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma; falta de operación de obras concluidas; falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas; falta o deficiencias en licencias, constancias de uso del suelo, estudio de factibilidad, permisos de construcción, manifestación de impacto ambiental y memoria de cálculo estructural; falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos; Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra; obra de mala calidad o con vicios ocultos y un monto observado como presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por $52,802,220.84 (cincuenta y dos millones ochocientos dos mil doscientos veinte pesos 84/100 moneda nacional), que se refiere a: títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y de asociaciones público privadas; pagos improcedentes o en exceso.

El 25 de julio 2012, el presidente municipal del VIII Ayuntamiento, Rafael Cervantes, firmó contrato con la empresa “Conjunto Administrativo BADEBA S.A.P.I. de C.V., representada por el ingeniero, Carlos Federico Valenzuela Cadena, por licitación Pública Estatal, que presentó inconsistencias pus no cuenta con documentación que respalde la adjudicación del contrato el cual no fue firmado por el sindico ni por el secretario del Ayuntamiento por lo que se considera nulo por lo tanto no se le podía dar trámite legal.

Luego, el 31 de julio 2013, se formalizó el contrato de inversión y prestación de servicios a largo plazo con la empresa Administración de Recursos Empresariales A.L.S., S.C., representada por el C.P. Juan Carlos Loza Ibarra, el cual incumplió varias cláusulas del contrato.

El 30 de abril del 2014, se formalizó otro contrato con el mismo fin con la empresa Grupo IMEX S.A.P.I de C.V., representada por Miguel Ángel Núñez Callejas, otorgado por adjudicación directa, por lo que el Ayuntamiento incumplió en invitar a empresas a participar en el proceso de adjudicación con un mínimo de tres propuestas susceptibles de evaluación, por ende, no se encontró evidencia documental del análisis de las propuestas. Tampoco se presentaron documentos de la propuesta técnica y económica de la empresa a la que se adjudicó el contrato y no hay evidencia de la publicación del contrato en el periódico Oficial del Estado.

Derivado de las irregularidades del VIII Ayuntamiento en los procesos de contratación y ejecución de los contratos relativos al proyecto de inversión y prestación de servicios a largo plazo bajo el esquema de Asociación Público-Privada, se propició que las empresas involucradas interpusieran demandas en contra del Ayuntamiento por diversos conceptos.

Según el expediente 343/2015 Grupo Financiero Actinver, derivado del Fideicomiso 1599, exige el pago de 13 millones 868 mil 936 pesos por el pago de renta mensual de 1 millón 734 mil 867 pesos de los meses de julio 2014 a enero 2015 o hasta su liquidación.

Luego bajo el expediente 116/2018, Juan Carlos Loza Ibarra, representante de Recursos Empresariales A.L.S, S.A.P.I. de C.V., pide la nulidad absoluta del procedimiento de ejecución de convenio de transacción del expediente 343/2015 del Juzgado Tercero en Materia Civil por la declaratoria judicial para que las cosas se retrotraigan hasta antes de la demanda y por el pago de gastos y costas.

Por otra parte, ya dentro de la administración de José Gómez, y a pesar de los reclamos del ex regidor, Ismael Duñalds, en relación a la serie de irregularidades que presentaba dicho proyecto, edificio con pésima construcción a la vista el cual fue ocupado por el VIII Ayuntamiento casi dos meses antes del termino de su administración, este decidió, con la anuencia del cabildo y sin la aprobación de Ismael Duñalds, seguir habitando el edificio, se determinó invertir de manera indebida, según el dictamen de Auditoría, con recursos del IX Ayuntamiento 1 millón de pesos 524 mil 732 pesos bajo el contrato BADEBA-OP- -01-FOD 15/2016 para adecuaciones  la red eléctrica y al sistema de alumbrado del edificio, irregularidad asentada en el Informe Individual Definitivo de la Auditoría de la Cuenta Pública del 2016.

Este informe especifico de la ASEN, se encuentra de manera detallada en su página Web en el rubro de Auditorías Especiales donde da cuenta que los presuntos responsables del daño o perjuicio a la Hacienda pública asciende a la cantidad 52 millones 802 mil 220 pesos, son; presidente municipal, Sindico, dos Secretarios de Ayuntamiento, Tesorero, Director de Obras Públicas, de Planeación y Desarrollo, así como subdirector de Obras Públicas, Jefe de Licitaciones, Supervisor de Obras, ellos del VIII Ayuntamiento y el presidente municipal del IX Ayuntamiento, así como su tesorero.

De todas las observaciones detectadas, ninguna pudo ser solventada por los gobernantes y funcionarios públicos señalados como presuntos responsables.

Actualmente el edificio se encuentra abandonado sin seguridad por parte del  Ayuntamiento y vandalizado como así lo indica también el Informe de la Auditoría Especial de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit.