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En el conflicto con la empresa de aparatos ortopédicos Orthofix, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encontró cláusulas extrañas
en el convenio firmado en 2016 por la anterior administración, como la que libera al corporativo de la responsabilidad de cubrir su deuda en especie si en el plazo de dos años no lograba obtener los registros sanitarios de sus equipos y dispositivos.
Por otra parte, peleará el monto de los honorarios al despacho Maney & González Félix que llevó el caso en Estados Unidos. Los abogados reclaman más de un millón de dólares y en el IMSS se plantea que si acaso les corresponde alrededor de 500 mil.
Además, no reconoce la atribución que el abogado Miguel Ángel González Félix asumió para representar al instituto en la firma de un segundo convenio con Orthofix el último día del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando también concluía su contrato con el instituto.
El Seguro Social tiene un registro de 213 mil 186 litigios en curso en el país, en los cuales están en disputa más de 55 mil millones de pesos. La mayoría son de tipo laboral.
Sólo uno de los juicios se lleva en el extranjero. Es el que se emprendió contra Orthofix en 2014 para exigirle la reparación del daño que causó al instituto, al obtener contratos mediante sobornos a funcionarios entre 2003 y 2010 (La Jornada 25/3/2019).
Durante ese periodo obtuvo ganancias ilícitas por casi 5 millones de dólares. Así lo reconoció Orthofix ante la Comisión de Valores e Intercambios (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. De hecho, pagó multas en aquel país por 7.4 millones de dólares.
En cambio, la reparación del daño al IMSS sigue pendiente. De acuerdo con la información obtenida por La Jornada, los funcionarios que estuvieron a cargo del caso tampoco hicieron lo suficiente para lograrlo.
Entre otras anomalías, como parte del primer convenio (febrero de 2016) aceptaron equipos usados, incompletos y que no se podían utilizar por carecer del registro sanitario de Cofepris; por lo mismo, tampoco están dentro del cuadro básico institucional.
Además, quedó pendiente el pago de 2.7 millones de dólares, lo que el IMSS demandó en un segundo juicio por daños y perjuicios en febrero de 2018. Pasaron los meses y sólo un día antes del cambio de gobierno, González Félix concretó un nuevo convenio con Orthofix para cubrir la deuda pendiente.
En ese momento, la empresa entregó 200 mil dólares en efectivo y en los siguientes nueve meses pagaría el resto del dinero en equipo médico.
Cuando el 17 de diciembre de 2018 el abogado informó al instituto de este último acuerdo, también reclamó sus honorarios por los dos convenios, por el equivalente a 33 por ciento, lo que según sus cuentas asciende a un millón de dólares aproximadamente.
Sin embargo, para el Seguro Social el reclamo es improcedente. Además de que no reconoce la validez del convenio del 30 de noviembre de 2018, el cálculo de los honorarios se debe hacer, en todo caso, sobre el monto recuperado en el litigio; lo que daría unos 500 mil dólares.
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