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Ciudad Juárez, Chih., En lo que va de la administración estatal encabezada por el panista Javier Corral Jurado, iniciada el 4 de octubre de 2016, suman 5 mil 415 homicidios cometidos en la entidad, según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Ciudad Juárez es la única de las 21 zonas prioritarias del país en materia de seguridad donde no han bajado los índices de homicidios, a cuatro meses de que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, las autoridades locales, lejos de asumir su corresponsabilidad, cuestionan la estrategia de la Federación para combatir al crimen organizado.
Durante la primera quincena de abril han sido asesinadas 87 personas en la localidad fronteriza. Sólo el fin de semana pasado se cometieron 19 homicidios y fue la quincena más violenta del año, según cifras de la FGE Zona Norte. La única región prioritaria donde no hemos podido contener la criminalidad es Juárez; estudiamos el tema y buscamos una salida
, dijo Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en su más reciente visita a la entidad.
Según cifras de la FGE en los primeros cuatro meses del gobierno de López Obrador, quien asumió el 1º de diciembre de 2018, se han cometido 505 asesinatos en la ciudad fronteriza; entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, Juárez registró 259 asesinatos. Esto significa un alza de 61.77 por ciento en lo local y 14.46 en el ámbito estatal.
En el mismo orden, en el primer cuatrimestre obradorista hubo 650 homicidios, o 5.37 por ciento personas muertas cada día, en promedio, que se elevó a 6.14 víctimas, equivalente a 744 homicidios dolosos de diciembre de 2017 a marzo de 2018. En Juárez el incremento es de 3.46 a 2.14 casos diarios.
A diario, 6.14 víctimas
En todo Chihuahua, en el cuatrimestre diciembre de 2017-marzo de 2018 se cometieron 650 homicidios dolosos, mientras de diciembre de 2018 a marzo pasado se registraron 744 homicidios, un incremento en el promedio diario de 5.37 a 6.14 víctimas en el estado y en Ciudad Juárez de 2.14 a 3.46 casos diarios.
La Mesa para la Construcción de la Paz demoró en instalarse y entrar en funciones en Chihuahua, por la oposición del gobernador Corral al representante ante el mecanismo que designó el Presidente de la República, y su insistencia para que el gobierno estatal encabece los trabajos.
Al rechazar el gobierno estatal la propuesta de que el delegado federal Juan Carlos Loera encabezara dicha mesa, ésta sesiona por convocatoria del gobernador.
Además, Chihuahua fue el único estado cuyo Congreso votó contra las reformas al artículo 19 y la ampliación de la prisión preventiva oficiosa para los casos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, corrupción, fraude electoral y otros delitos.
César Jáuregui Robles, titular de la Secretaría de Gobierno, ha señalado que la administración estatal no tiene dinero para colaborar con la manutención de la Guardia Nacional, también cuestionó que se pida terrenos a los estados y municipios para construir las instalaciones de la nueva corporación. Informó que Chihuahua recibirá 600 efectivos de la Guardia Nacional, ello implicaría un gasto de 150 pesos al día por cada elemento, es decir 2.7 millones al mes en una primera etapa, dinero que el gobierno estatal no puede aportar.
En el mismo sentido se pronunció el fiscal estatal César Peniche Espejel, quien rechazó que el gobierno estatal colabore con los gastos de operación de la Guardia.
Jorge Nava, fiscal de la Zona Norte, dijo que la incidencia se debe a que quienes participan en actividades del crimen organizado están cambiando de grupos y organizaciones de forma frecuente y pagan con su vida. Alrededor de 10 por ciento de los homicidios en el estado son contra mujeres.
Misael Máynez Cano, diputado del Partido Encuentro Social, afirma que en dos años la FGE ha abierto más de mil 305 carpetas de investigación por homicidios, de las que sólo ha resuelto 6.89 por ciento. Dijo que que en un oficio que le envió el titular de la FGE, César Augusto Pacheco (FGE 1S/1/1/0549/2019), se detalla que de las mil 305 carpetas de investigación iniciadas en 2018 y hasta marzo de 2019 se ha vinculado a proceso sólo a 66 imputados, mientras a 21 se le dictó ya una sentencia y en tres casos se ejerció el sobreseimiento por diversas causas. Es decir, en mil 215 casos no se ha arrestado a los responsables, o aún no se han realizado audiencias de vinculación a proceso.
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