La Secretaría de la Función Pública detalló que además se han impuesto 4 mil 700 sanciones a servidores públicos.
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La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó este miércoles que se han interpuesto 128 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos vinculados a actos de corrupción, esto en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La secretaria federal agregó que la SFP ha impuestos 4 mil 700 sanciones a servidores públicos por ocho mil 787 millones de pesos, además de mil 504 inhabilitaciones, 992 suspensiones, 392 sanciones económicas y 277 destituciones
Sandoval expuso que en 2019 se realizaron 10 mil observaciones a entes públicos por posibles irregularidades en el gasto de 544 mil millones de pesos, que fueron detectadas a través de 2 mil 401 acciones de fiscalización.
La funcionaria participó en el Foro Anticorrupción y Fiscalización en México, con el tema ‘Poder, impunidad y participación ciudadana: una visión estructural de la corrupción’.
“Se tuvieron observaciones por 46 mil 121 millones de pesos a estados y municipios y 20 mil 598 millones de pesos por obra pública. En este último rubro hubo observaciones por más de 18 mil millones de pesos en el Aeropuerto de Texcoco”, apuntó.
En la Cámara de Diputados, Sandoval Ballesteros resaltó que se han aplicado 316 sanciones a participantes en licitaciones públicas, proveedores y contratistas que suman mil 500 millones de pesos, lo que destacó como parte de la lucha contra la impunidad.
“Se han logrado ahorros por más de cinco mil millones de pesos y hay 120 mil millones de pesos más en rubros susceptibles de ahorro“, detalló frente a los diputados federales.
Lo anterior, detalló, “con la creación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que sustenta la eliminación de gastos superfluos en el gobierno, la reducción de los gabinetes de apoyo, la separación de activos y la veda de 10 años para pasar de la Administración Pública a puestos directivos en el sector privado”.
Entre las acciones de la Función Pública para impulsar la participación de la ciudadanía como un principio rector del combate a la corrupción, mencionó el Padrón de Integridad Empresarial, la renovación de la Contraloría Social, el Programa de Alertadores y la reactivación de la Alianza para el Gobierno Abierto.
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