La subsecretaría de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación emitió una guía de criterios que deberán adoptarse para atender la epidemia de Covid-19 con un enfoque que privilegie la preservación de los derechos humanos; que asegure la protección de derechos laborales y evite la discriminación de sectores vulnerables. De igual forma, garantizar que el acceso a la salud sea universal con independencia del nivel económico que tenga la persona.
Para la subsecretaria, la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19 representa un enorme reto para el país y requiere de un ejercicio de responsabilidad colectiva para proteger la salud pública. Las medidas de distanciamiento social son el centro de la respuesta requerida. Las autoridades de todos los niveles de gobierno tienen el deber de garantizar las condiciones para que éstas puedan llevarse a cabo, protegiendo en todo momento los derechos de las personas.
“Las medidas que adopten las autoridades deben ser objetivas, temporales y proporcionales al riesgo. Su aplicación no puede ser discriminatoria ni discrecional”. En este sentido, puntualiza que en la adopción de estas acciones se debe partir de garantizar la salud pública “y disminuir los efectos adversos sobre los derechos sociales”.
Se deberá asegurar el acceso universal sin importar si tienen seguro médico, recursos económicos, nacionalidad, situación legal, orientación sexual, si tienen alguna discapacidad, edad o su condición étnica.
Además se deberá proteger los derechos laborales, el salario y la estabilidad y permanencia en el empleo; garantizar el derecho a la alimentación implementando medidas para mantener la producción y el abasto de alimentos. Asegurar que las personas en situación de calle puedan permanecer en un espacio digno para su protección durante la pandemia.
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