Expertas señalan que el Gobierno de López Obrador tiene una oportunidad histórica de castigar a la empresa Grupo México por múltiples ecocidios que han quedado “impunes”.
actualidad.rt.com
Un derrame de al menos 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, en el noroeste de México, ha provocado una serie de protestas ante la “impunidad” con la que opera la empresa minera responsable de ocasionar al menos 22 desastres ecológicos en los últimos años.
Mientras las imágenes de animales muertos en los días posteriores al desastre ecológico provocado por una filial de Grupo México generaban indignación en redes, expertas consultadas por RT aseguran que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en sus manos la oportunidad de imponer una sanción ejemplar a una compañía que registra un largo historial de afectaciones ambientales.
Animales muertos y protestas
Dos días después del derrame ocurrido el 9 de julio en la costa de Guaymas, en el norteño estado de Sonora, comenzaron a surgir las primeras imágenes de peces muertos cerca del lugar donde ocurrió el desastre.
Posteriormente, tortugas y un lobo marino aparecieron muertos en la citada costa, a tan solo 20 kilómetros del derrame de ácido en el Mar de Cortes, en el Golfo de Baja California, lugar que el célebre oceanógrafo Jacques Cousteau nombró como “el acuario del mundo” por la gran biodiversidad marina que alberga la zona.
A pesar de que algunos usuarios atribuyeron la muerte de los animales al derrame ocasionado por Grupo México, la empresa se deslindó de dichas acusaciones, al señalar que no hay pruebas que permitan establecer las causas de la mortandad de la fauna marina.
Mientras tanto, ciudadanos protestaron el pasado 17 de julio en la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, para que el Gobierno intervenga en el caso y castigue a la empresa.
Un desastre “inadmisible”
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que tomará cartas en el asunto y ya se investigan a fondo los 22 accidentes ambientales que se atribuyen a Grupo México en diferentes entidades del país.
En conferencia de prensa, el titular de la Semarnat, Víctor Toledo, calificó el derrame ocurrido en Guaymas como “inadmisible” e indicó que la dependencia federal ejercerá sus facultades para aplicar la ley e impulsar cambios necesarios en la normatividad ambiental.
“Es una situación inadmisible, por lo que vamos a realizar una revisión muy cuidadosa de esos hechos y la Semarnat emitirá una declaratoria no solo por el derrame en Guaymas, sino por todos estos casos”, dijo Toledo el pasado 16 de julio.
Al respecto, también el secretario de Medio Ambiente criticó que la empresa Grupo México no haya cumplido con el acuerdo de remediar el desastre anterior que ocasionó al verter 40 millones de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacánuchi en 2014, en un incidente calificado como el mayor desastre minero en la historia del país.
“No solo ocurrió un derrame de enormes consecuencias, sino que el acuerdo que se hizo con el grupo industrial no ha sido cumplido”, agregó Toledo.
Un anuncio que devuelve la esperanza a varias organizaciones de que, a diferencia de lo que ha sucedido a lo largo de varias décadas, esta vez la empresa minera sea castigada de manera ejemplar y no con una simple multa, lo cual representará una prueba para el Gobierno de López Obrador.
Ejemplo de impunidad
Para Julieta Lamberti, directora de investigación de la organización PODER –que ha dado seguimiento al tema de los derrames de Grupo México en Sonora y publicó un informe sobre los compromisos incumplidos por la empresa para remediar las afectaciones en el Río Sonora–, el nuevo vertido en el mar se suma a una lista de agravios que han quedado impunes por parte de la principal empresa minera del país.
“Son 20 años de desastres que han cobrado la vida de personas y este grupo ha salido impune: no ha tenido ninguna obligación de resarcir los daños o remediar los impactos ambientales que ha tenido. Todo indica que, al menos esta vez, las autoridades tienen la oportunidad de hacer algo diferente”, señala en entrevista.
En este sentido, Lamberti considera trascendente el hecho de que las autoridades hayan mencionado por primera vez los múltiples ecocidios ocasionados por la empresa, como una esperanza de que en esta ocasión las sanciones irán más allá de una simple multa económica que sigue haciendo rentable destruir a la naturaleza y causar daños irreversibles a las comunidades.
“Dado el historial de Grupo México, de reincidencia de contaminación, la Semarnat tendría que tomar una sanción ejemplar que no puede ser nada más una multa, sino que esta vez sí deberían analizar suspenderle los permisos para operar, y en última instancia que se revisen las concesiones que se han dado a esta empresa, y si es posible, que se cancelen. Es momento de parar la impunidad”, señala.
Una opinión que comparte Beatriz Olivera, experta en temas de minería e industrias extractivas de la organización Fundar.
“Las multas con dinero no sirvieron para nada, en realidad”, apunta Olivera, quien lleva años documentando las afectaciones ocasionadas por la industria minera en el país.
En este sentido, la experta asegura que a casi 5 años del desastre en el Río Sonora, miles de personas siguen padeciendo los efectos ocasionados por la presencia de arsénico en el río, situación que les ha provocado enfermedades en la piel y otro tipo de padecimientos, sin que la empresa se haya hecho responsable de sus acciones con la complacencia del Gobierno.
Y esto se debe al poder de “captura del Estado” que posee la industria minera para operar en impunidad y con la protección de los más altos niveles de Gobierno, como ha ocurrido con Grupo México y los últimos cinco presidentes del país.
“Es una de las empresas que ha operado con mayor impunidad dentro del sector minero”, dice Olivera. “Por supuesto que se le deben retirar los permisos que tienen para operar”, añade.
La especialista explica que actualmente el Senado mexicano prepara una reforma de ley para impedir la minería en áreas naturales protegidas, pero las compañías extractivas han realizado una labor de cabildeo para frenar dichas leyes.
Algo que Olivera califica como un ejemplo del poder que tienen las empresas mineras, a pesar de los pobres beneficios que aporta al desarrollo del país y las afectaciones ambientales y sociales que generan.
El sector minero-metalúrgico en México contribuye con el 4 % del Producto Interno Bruto nacional, según la Secretaría de Economía, y genera alrededor de 352.666 empleos directos, cifra que apenas representa el 0,6 % de la población económicamente activa del país.
El Gobierno de López Obrador informó en febrero pasado que más de 5.000 concesiones mineras están sujetas a revisión y podrían cancelarse si se detecta que el proceso se llevó a cabo de manera incorrecta.