Oposición y ediles denunciaron coacción desde el Ejecutivo estatal para revertir los votos municipales y evitar que la ciudadanía evalúe a la gubernatura.
El secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos, fue señalado por alcaldes, dirigentes partidistas y legisladores de oposición de presionar e intimidar a presidentes municipales para que cambien el sentido de su voto respecto a la reforma de revocación de mandato. De acuerdo con las denuncias, la estrategia busca impedir que proceda el mecanismo constitucional que evaluaría la continuidad de la gobernadora Margarita González Saravia, a pesar de que 24 de los 36 municipios habían aprobado inicialmente la iniciativa.
La controversia escaló al Congreso local, donde bancadas de oposición exigieron declarar formalmente aprobada la reforma tras alcanzar los votos necesarios, mientras que legisladores de Morena y aliados aplazaron la declaratoria bajo el argumento de revisar vicios legales en los procedimientos. Autoridades municipales aseguraron haber recibido advertencias sobre retiros de obra pública y posibles auditorías para obligarlos a retractarse, en un conflicto que mantiene entrampado el futuro del ejercicio democrático en la entidad.
Presión política, disputas legislativas y las acusaciones de coacción institucional en torno al proceso de revocación de mandato en Morelos:
– Denuncia por coacción: Ediles y dirigentes del PRI y otros partidos señalaron directamente al secretario de Gobierno de operar amenazas y ofrecimientos de obra.
– Conflicto legislativo: Diputados de oposición exigieron emitir la declaratoria constitucional con los 24 votos originales, mientras Morena frenó la votación en el Pleno.
– Intentos de reversión: Diez ayuntamientos que habían respaldado la reforma enviaron escritos posteriores buscando modificar su postura ante el Congreso local.
– Futuro del mecanismo: De concretarse los procedimientos legales, los morelenses podrían acudir a las urnas en 2027 para decidir la permanencia de la titular del Ejecutivo.
Las tensiones políticas entre el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos ponen bajo escrutinio la autonomía municipal y la aplicación de los instrumentos de participación ciudadana en el estado.
Fuente: Entrevistas Legislativas | ©️ Redacción NoticiasPV Nayarit