La Red Solidaria de Derechos Humanos emitió una alerta urgente ante los ataques armados que han cobrado la vida de cuatro defensores del territorio en la Meseta Purépecha; Acusan que la administración estatal se niega a entablar diálogo directo en las comunidades afectadas.
Las políticas de autogobierno y la seguridad de las poblaciones originarias entraron en una severa crisis de legitimidad debido a la presunta inacción institucional de los altos mandos del ejecutivo michoacano. La Red Solidaria de Derechos Humanos de Michoacán (RSDH-Mich) denunció formalmente la negativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para trasladarse y atender de manera presencial las contingencias humanitarias que azotan a diversas comunidades de la Meseta Purépecha, donde incursiones armadas han cobrado la vida de cuatro defensores comunitarios.
Activistas y representantes legales de los pueblos afectados detallaron que durante el mes de mayo se registraron ejecuciones civiles en las localidades de Acachuén y Sevina, bajo un modus operandi que involucró ráfagas desde vehículos en movimiento contra asambleas comunales y ataques directos a las casetas de la policía tradicional o «Kuaricha». De acuerdo con la Red, la administración de Ramírez Bedolla pretendió condicionar las mesas de negociación exigiendo que los comuneros se desplacen a las oficinas de la capital en Morelia, argumentando la falta de condiciones de seguridad en los distritos nativos, una postura que las asambleas indígenas rechazan por romper con sus esquemas de acuerdos colectivos y evidenciar el repliegue de la fuerza pública del Estado.
Ante la vulnerabilidad extrema frente a células delictivas identificadas de manera extraoficial como operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los colectivos extendieron un llamado de auxilio a la presidencia de la República, encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Fiscalía General de la República (FGR), para que asuman la competencia federal sobre estos delitos de delincuencia organizada. La omisión y el silencio institucional en las partes altas de la sierra han comenzado a generar parálisis económica, el establecimiento de barricadas civiles por zozobra colectiva y el avance criminal sobre territorios ricos en recursos naturales, sin que los mecanismos estatales de protección comunitaria logren frenar el desplazamiento forzado y los homicidios.
Fuente: Red Solidaria de Derechos Humanos de Michoacán | © Redacción NoticiasPV Nayarit