Alejandro González
Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO 09-Apr-2020 .-El aumento de uso de herramientas para teletrabajo y educación a distancia por parte de personas que tienen capacidad económica y tecnológica de hacerlo incrementará las desigualdades con quienes no tienen dichas opciones, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El organismo de la ONU reconoció que la tecnología ha disminuido el impacto de la pandemia, pero sólo en algunos sectores de la sociedad en los países de América Latina, incluido México.
“Las medidas para detener la propagación de coronavirus han acelerado el ritmo al que el trabajo y la educación pasan al ámbito digital. Las tecnologías digitales han disminuido el impacto de la pandemia en algunas profesiones y en la educación, al tiempo que han permitido sostener comunicaciones personales y actividades de entretenimiento en los hogares.
“Aunque más del 67 por ciento de los habitantes de la región usaron internet en 2019 y la penetración de la banda ancha ha aumentado marcadamente, el incremento del uso de las tecnologías digitales puede exacerbar las desigualdades derivadas del distinto acceso a las mismas entre los países y entre los grupos de ingresos”, advirtió la Cepal en su informe especial “América Latina y el Caribe ante la pandemia del Covid-19. Efectos económicos y sociales”.
En México, por ejemplo, hay alrededor de 80 millones de personas que tienen acceso a internet, mientras que cerca de 40 millones se encuentran sin acceso a dicho servicio.
En el País existe una cobertura de redes de telecomunicaciones superior al 90 por ciento, de acuerdo con los propios operadores; sin embargo, incluso autoridades como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han señalado que la falta de acceso a internet se debe principalmente a problemas económicos y a que la gente no tiene la capacidad para comprar dispositivos y pagar por los servicios.
La Cepal apuntó que mientras en 2017 más del 80 por ciento de la población estaba conectada a internet móvil en Chile, Brasil, Costa Rica y Uruguay, esa cifra se reducía al 30 por ciento en Guatemala, Honduras, Haití y Nicaragua.
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