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SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto. (apro).- El gobierno municipal que encabeza el panista Ricardo Villarreal García reaccionó a los cuestionamientos de organizaciones civiles sanmiguelenses por la ubicación del proyecto de un aeropuerto con medidas represivas, al enviar personal a clausurar un hotel propiedad de uno de los voceros que encabeza el movimiento, César Arias de la Canal.
Inesperadamente y sin respetar los plazos establecidos por la normatividad municipal al respecto, personal del municipio acudió en un aparatoso operativo al hotel Posada Corazón, empresa del activista Arias de la Canal, ubicado en pleno Centro Histórico. Y, sin más, ordenó desalojar a los huéspedes y colocó los sellos de clausura en las puertas del inmueble.
Apenas dos días antes, el empresario y otros activistas defensores del patrimonio arquitectónico e histórico de San Miguel de Allende –entre ellos la artista Jesusa Rodríguez– ofrecieron una rueda de prensa en la capital del estado para demandar a los gobiernos municipal y estatal frenar el proyecto de un aeropuerto privado en una zona donde inicialmente operó un aeródromo. Argumentaron que se encuentra en la mancha urbana de la ciudad y en una zona donde generará un impacto ambiental, social y urbano.
Integrantes de 12 organizaciones ciudadanas explicaron que han cuestionado dicho proyecto y el de la construcción de una autopista de cuota de San Miguel de Allende para conectar a la ciudad de León, porque la ubicación y los trazos (específicamente) presentan inconvenientes e impactos para los habitantes de la ciudad y comunidades y vestigios indígenas en la zona.
“No nos oponemos a un aeropuerto. No nos oponemos a la autopista. Lo que estamos cuestionando es la ubicación, el lugar donde quieren operar un aeropuerto está entre varias universidades, en plena mancha urbana cuando la tendencia mundial es lo contrario… Nos opusimos al trazo de la autopista, pedimos que fuera modificado para no afectar los vestigios y a las poblaciones indígenas de la región”, señalaron.
Estas organizaciones pidieron al alcalde Villarreal hablar sobre el proyecto, pero éste no accedió. “Tuvimos una reunión en mayo pasado, pero en cuanto tocamos el tema del aeropuerto, el alcalde la dio por terminada”, señaló Rodrigo Treviño, del Observatorio Ciudadano.
Ofrece acercamiento y ordena clausura
Al día siguiente de la rueda de prensa, el gobernador Miguel Márquez realizó una gira por San Miguel de Allende, donde desestimó las críticas. Dijo que estos proyectos “son necesarios para el progreso de San Miguel” y sugirió a las organizaciones “acercarse al municipio” para conocer los detalles del proyecto del aeropuerto que, según dijo, “no es aeropuerto, es aeródromo”.
Unas horas después de la visita del gobernador, el jueves 24, personal de las direcciones de Patrimonio Cultural y Protección Civil se presentó al hotel del activista César Arias y lo clausuró.
“La clausura de nuestro establecimiento se consumó bajo el argumento de que algunos de dichos requisitos de Protección Civil no estaban actualizados. Los inspectores nos conminaron a suspender inmediatamente el servicio de hospedaje, amenazando con ejercer acción penal si los huéspedes no eran desalojados –lo cual nos vimos forzados a hacer en forma apresurada–. Hemos solicitado esta semana una prórroga para subsanar los requisitos (de acuerdo con el propio reglamento), la cual ha sido rechazada por el director de Patrimonio Cultural, Ángel Gastelum, responsable del operativo contra Posada Corazón”, informó a Apro César Arias.
Tras calificar esta acción como arbitraria, injustificada e ilegal, Arias de la Canal precisó que las fallas que fueron alegadas por los inspectores no configuran las causales para llevar a cabo una clausura fulminante, como lo define el Código Territorial vigente.
“Por el contrario, el artículo 470 de dicho ordenamiento establece con claridad que una vez recibida el acta de inspección que consigne alguna violación a la norma, la autoridad requerirá mediante notificación al interesado para que adopte de inmediato las medidas correctivas de urgente aplicación…”, dando un plazo de 10 días hábiles para responder”.
Este plazo le fue negado, por lo que el propietario denunció propósitos ajenos al funcionamiento del hotel.
“Desde hace muchos años hemos trabajado conjuntamente con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la defensa y preservación del patrimonio cultural y natural de San Miguel de Allende. Ello nos ha llevado en ocasiones a la desavenencia con las sucesivas administraciones municipales y estatales, en varios temas sensibles y trascendentes”, como lo es actualmente la iniciativa promovida por el propio alcalde Ricardo Villarreal para el aeropuerto o aeródromo, explicó.
“La represalia no se ha hecho esperar (con) el golpe a Posada Corazón… Nos parece realmente lamentable que cuando los ciudadanos y organizaciones hacemos una crítica a las acciones o políticas públicas por parte de los servidores públicos, éstos no sean capaces de responder con argumentos, sino con descalificaciones a quienes acertada o erróneamente hacemos las críticas. Y mucho más grave aún resulta que vayan más allá y ejerzan represalias intimidatorias desde el poder, aplicando selectivamente y a modo la normatividad, con el evidente propósito de desactivar las posturas críticas que les incomodan”, expuso.
El activista interpuso ya una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos en el estado “por esta acción que constituye un atentado contra la libertad de expresión y abuso de poder”, misma que, lamentó, significa además la pérdida de empleos del personal que labora en esta empresa.
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