Un análisis internacional respaldado por el Comité de los Derechos del Niño expone que las instituciones de procuración legal suelen invalidar las experiencias infantiles, urgiendo reformas estructurales a los Estados.
Una consulta temática realizada a más de siete mil menores de 17 años en diversas regiones del mundo, impulsada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), puso de relieve la persistente desconfianza, el temor y la frustración que experimentan niñas, niños y adolescentes al intentar acceder a los mecanismos de procuración e impartición de justicia. Las conclusiones forman parte de la recién difundida “Observación General Número 27 sobre el derecho de los niños al acceso a la justicia y a un recurso efectivo”, un documento adoptado por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU durante su centésimo primer periodo de sesiones.
El informe detalla que las instituciones gubernamentales y los órganos encargados de aplicar la ley operan bajo esquemas rígidos centrados exclusivamente en los adultos, lo que deriva en la invalidación sistemática de los testimonios infantiles o en la desestimación de denuncias bajo el argumento de ser exageraciones. Asimismo, los menores encuestados describieron los tribunales como espacios intimidantes y lentos donde los procesos judiciales resultan frecuentemente revictimizantes, inhibiendo la presentación de quejas por temor a represalias, estigmatización comunitaria o a la falta de credibilidad por parte de las autoridades.
Puntos clave del informe internacional, los sectores de mayor vulnerabilidad y las directrices emitidas para los Estados parte:
– Obstáculos institucionales: Las infancias señalaron que los mecanismos formales de justicia son poco accesibles, lentos y desprovistos de un enfoque adaptado a su edad y madurez.
– Poblaciones vulnerables: El documento enfatiza que la exclusión se agrava drásticamente en casos de menores con discapacidad, neurodivergentes, integrantes de comunidades indígenas, infancias migrantes o en situación de calle.
– Recomendaciones a los gobiernos: El organismo internacional urgió a los Estados a implementar canales de denuncia amigables, líneas telefónicas especializadas y mecanismos alternativos de resolución de controversias.
– Responsabilidad empresarial: La observación general extiende obligaciones preventivas y de reparación a corporaciones privadas, abarcando proveedores digitales, farmacéuticas y el sector turístico.
Las directrices internacionales buscan transformar los sistemas jurídicos globales para garantizar que la niñez cuente con herramientas efectivas de protección frente a violaciones graves a sus derechos humanos, particularmente en situaciones de emergencia o vulnerabilidad extrema.
Fuente: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) / Comité de los Derechos del Niño | © Redacción NoticiasPV Nayarit

