* La periodista dijo que en los últimos días ha habido una operación coordinada para manipular la realidad y desinformar sobre los trabajos de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
Infobae | El pasado 26 de septiembre se cumplieron ocho años desde que cien estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueran atacados: tres de ellos asesinados, otras tres personas ejecutadas y 43 desaparecidos.
En su más reciente columna para la cadena internacional Deutsche Welle, la periodista de investigación Anabel Hernández dijo que desde entonces se han destruído pruebas clave, ocultado documentos oficiales, sembrado pruebas y torturado a decenas de peronas para crear una verdad falsa, “todo esto en una operación coordinada meticulosamente”.
La columnista dijo que en los últimos días ha habido una operación coordinada para manipular la realidad y desinformar sobre los trabajos de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, encabezada por el susecretario de gobernación, Alejandro Encinas, y Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.
Ellos, aseguró la periodista, han podido obtener decenas de ordenes de aprehensión contra funcionarios públicos involucrados en la desaparición, encubrimiento y torturas. Entre los acusados se encuentran, al menos, una veintena de militares de rango, medio y tropa. “Aún no logran llegar a la cúpula militar que auspició el crimen y encubrió a los responsables”
“De acuerdo a la información que he obtenido el ataque contra el esclarecimiento del caso proviene, por un lado, de la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, y donde se encuentran en áreas clave funcionarios del gobierno pasado, que, de varias formas, fueron parte del encubrimiento. Y por otro lado, de la SEDENA. Juntas disparan fuego amigo contra Encinas y Gómez”.
Hernández también cuestionó la filtración hecha, “sin duda, por un integrante del gobierno actual”, a la periodista Peniley Ramírez el pasado sábado 24 de septiembre.
“En breves líneas en Twitter, fuera de contexto, se quiso tomar por sorpresa a quienes no tuvieran familiaridad con el caso y no hayan dado seguimiento puntual de éste, haciendo parecer como nueva y exclusiva información que ya había sido hecha pública por Encinas en la Comisión de la Verdad”, puntualizó.
“Ramírez afirmó que estaba exponiendo una ‘nueva cronología’ y ‘nuevas pistas’. Con la banalidad de un tuit expuso que algunos estudiantes habían permanecido con vida, y que días después del 26 de septiembre el entonces coronel José Rodríguez Pérez habría ordenado su ejecución, y que los cuerpos fueran llevados al 27 Batallón de Infantería en Iguala”, explicó Hernández.
“Fue desinformación, un despropósito del periodismo”, criticó. “Quienes hayan leído un mínimo de noticias en agosto sobre el contenido del reporte de la Comisión y las conferencias de Encinas saben que nada de eso era información nueva”.
La reportera de investigación aseguró que lo único “nuevo” había sido la filtración de los mensajes de texto intercambiados por los perpetradores, los cuales, sin embargo, ya habían sido explicados por Encinas en un reporte.
La FGR, en vez de apoyar, combate las ordenes de aprehensión solicitadas por la Unidad Especial contra altos mandos del ejército como el titular del 27 Batallón de Infantería, Rodríguez Pérez, y Rafael Hernández Nieto, responsable del 41 Batallón de Infantería, ambos batallones ubicados en Iguala, aseguró la periodista.
Para Anabel Hernández, no hay duda que la pariticipación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en los hechos con premeditación, alevosía y ventaja.A ello se suma también que en un expediente judicial abierto en la Corte de Distrito Norte de Illinois, en EEUU, existen interceptaciones telefónicas que acreditan que Guerreros Unidos tenía estrechos vínculos y convivencia con los militares en Iguala.
“Documentos que obtuve desde 2014 y publiqué en su momento prueban que en los días posteriores a la desaparición de los normalistas quienes quedaron a cargo de buscarlos fueron los mismos que participaron en su desaparición: Luis Antonio Dorantes, jefe de la Base de la PF en Iguala, subordinado de García Harfuch, y Hernández Nieto, entre otros”, concluyó la también escritora.