Anguiano, culpable de peculado por $2,119 millones al erario de Colima

Colima, Col.

La comisión de hacienda del Congreso local declaró al ex gobernador priísta Mario Anguiano Moreno responsable de un desfalco al erario por 2 mil 119 millones de pesos, luego de realizar una auditoría excepcional a los ejercicios fiscales de 2013, 2014 y 2015.

Por votación unánime, los diputados aprobaron aplicar al ex mandatario una sanción económica de 38 millones 570 mil pesos –equivalente a 1.8 por ciento del quebranto al estado–, además de dos inhabilitaciones para ocupar puestos públicos, una por 14 años y otra por nueve. Otros 32 ex funcionarios también se hicieron acreedores a multas, amonestaciones públicas e inhabilitaciones.

Entre las anomalías encontradas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental destaca la falta de registro contable de una donación que Petróleos Mexicanos hizo al estado durante el huracán Patricia, en octubre de 2015. La ayuda consistió en 3 mil 400 toneladas de asfalto, 130 mil 200 litros de gasolina Magna y 118 mil de diésel.

El combustible fue enviado a gasolinerías propiedad del entonces secretario de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, para quien se propuso una inhabilitación de tres años y una sanción de 7 millones 406 mil 798 pesos.

La administración de Anguiano Moreno (2009-2015) también omitió la comprobación de gastos de un fondo revolvente asignado a su secretario privado, Carlos Alberto Ceballos Radillo, y a su administradora en la Coordinación General Administrativa, Carmen Yolanda Núñez Sosa.

El Congreso local propuso aplicar una multa de 4 millones 66 mil 401 pesos a Ceballos Radillo, y una de 2 millones 733 mil 963 pesos a Núñez Sosa, además de inhabilitarlos por cuatro y tres años, respectivamente.

También se propuso excluir de cualquier cargo público por tres años a Jesús Orozco Alfaro, ex secretario de Finanzas y Administración, por erogar en nómina de la burocracia estatal mil 867 millones 696 mil 154 pesos más que lo autorizados en el presupuesto de los años auditados.

Asimismo, se impusieron sanciones y se propuso inhabilitar a Clemente Mendoza Ramírez, secretario de Finanzas y Administración, y a su sucesora, Blanca Isabel Ávalos Fernández; a Gustavo Allen Ursúa Calvario, ex secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; a Rigoberto Salazar Velasco, ex secretario de Desarrollo Social, y al ex coordinador general de Comunicación Social, René González Chávez, entre otros ex servidores públicos.