A 12 meses de revelarse el horror en Teuchitlán, familias buscadoras denuncian el abandono de las autoridades y advierten que el reclutamiento forzado de menores sigue al alza en la región.
Este 5 de marzo de 2026, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco conmemora el primer aniversario del hallazgo del Rancho Izaguirre, un complejo en Teuchitlán que exhibió la cara más cruda del crimen organizado: un centro de reclutamiento forzado y exterminio. Pese a las 1,844 prendas localizadas y los fragmentos óseos que confirman el uso del sitio como crematorio clandestino desde 2019, las familias denuncian que la justicia sigue siendo parcial y la seguridad nula.
Investigación incompleta y hallazgos recientes
Indira Navarro Lugo, representante del colectivo, reveló que las autoridades apenas han procesado el 64.4% de la superficie del predio. En una visita reciente con la FGR, las buscadoras localizaron nuevos fragmentos óseos y frascos con líquidos extraños en zonas que la Fiscalía ya había declarado como «concluidas». Hasta el momento, se han obtenido 50 muestras de ADN de las prendas encontradas, pero los colectivos critican la lentitud del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para confrontarlas con el banco de datos nacional.
Sentencias centenarias y complicidad oficial
La justicia ha avanzado con claroscuros. Aunque se dictó una sentencia histórica de 141 años de prisión contra 10 integrantes de la célula criminal —incluyendo a operadores del CJNG—, una sala penal modificó recientemente la pena tras una apelación. Además de los 17 detenidos totales, entre los que figuran mandos policiales de Tala y operadores como «El Lastra» y su sucesora «La Leona», existen 12 servidores públicos bajo investigación por omisiones graves y pérdida de evidencias en la escena del crimen.
El reclutamiento de menores: Una herida que sangra
El colectivo alertó que, lejos de erradicarse, el reclutamiento forzado está captando a jóvenes de apenas 13 años y a mujeres para roles impuestos por la delincuencia organizada. La falta de seguridad ha llegado al punto en que la Guardia Nacional y la Comisión de Búsqueda han declinado acompañar las jornadas recientes, argumentando riesgos por la violencia derivada de la reciente muerte de «El Mencho». Para las familias, el Rancho Izaguirre no es un caso cerrado, sino una prueba viviente de una maquinaria de violencia que el Estado no ha querido desarticular.
Fuente: Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y Sistema Nacional de Búsqueda | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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