La reforma prevé que las investigaciones penales estén en manos del Ministerio Público, pero también se da atribuciones en esa materia a la Guardia Nacional.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas a la Constitución para dotar de nuevas facultades a la Guardia Nacional y su adscripción plena al Ejército y a la Secretaría de la Defensa Nacional, para hacerse cargo de la seguridad pública del país.
Con una mayoría calificada de 362 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones, los diputados avalaron la reforma que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional pase a manos de militares.
Aunque anoche los legisladores habían agendado 433 reservas —principalmente de la oposición— para tratar de modificar el dictamen que contiene cambios a 12 artículos constitucionales, la mayoría de Morena, PT y PVEM anticiparon que no aceptarían cambios y que se enviaría de inmediato al Senado.
¿En qué consiste que la Guardia Nacional pase a la Sedena?
En el proyecto de reforma se prevé que las investigaciones penales estén en manos del Ministerio Público, pero también se da atribuciones en esa materia a la Guardia Nacional, cuyo personal será de origen militar con formación policial.
Agrega que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Detalla que la finalidad de la Guardia Nacional son la coordinación y colaboración con los estados y municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación.
En el artículo 123 se añade que los militares, marinos, integrantes de la Guardia Nacional, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.
Más del 80 por ciento de los 130 mil integrantes de la Guardia Nacional provienen del ejército y de la Marina, según cifras del estatal Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
¿Por qué la oposición rechazó la reforma a la Guardia Nacional?
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, calificó como un “despropósito” que los militares hagan un trabajo de Ministerio Público investigador.
“Les dimos la oportunidad al gobierno de Morena para que mejorara a sus policías civiles y no lo hizo, por eso votamos a favor de la Guardia Nacional la primera vez”, señaló.
El diputado del PAN, Miguel Monraz, criticó —con pancartas y fotografías del presidente López Obrador y de Mario Delgado— que “es inadmisible y una incongruencia” del mandatario y Morena, recurrir a la militarización, cuando en el pasado “protestaron y hasta marcharon en contra de esto”.
Con una gran lona en el pleno, MC exigió un México con justicia y paz, además, expresó su “rechazo a la militarización” y votó en contra del dictamen.
En cambio, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que con la reforma a la Guardia Nacional habrá menos violencia e inseguridad en el país.
“Con la estrategia que hoy le otorgamos al Estado mexicano y a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, vamos a enfrentar con mayor éxito este flagelo de la inseguridad pública en el país”, aseveró durante su participación.
¿Qué dicen las organizaciones sobre la reforma de AMLO?
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó el jueves al Congreso a no aprobar la reforma y solicitó, a través de su representante adjunto, Jesús Peña Palacios, que en lugar de “profundizar un enfoque de predominio de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, reoriente la discusión legislativa para colocar en el centro la priorización del paradigma civil en este ámbito”.
Entre las organizaciones humanitarias locales que han cuestionado la reforma está el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) que indicó el miércoles en su cuenta de X que “será un paso sin retorno hacia la militarización”.
Ese centro expresó su preocupación por que no se diseñen controles civiles externos y extraordinarios a la actuación de los uniformados en las labores de seguridad pública, tal como lo estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.