La presidenta del partido, Ariadna Montiel, afirmó que el seguimiento a la situación jurídica del gobernador con licencia de Sinaloa se realiza mediante plataformas públicas, contrastando su disposición de declarar frente a la postura de la mandataria de Chihuahua.
La cúpula organizativa del partido oficialista tomó distancia de las dinámicas procesales que enfrentan sus cuadros políticos en el noroeste del país. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, desmintió las versiones sobre una presunta reunión privada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el marco de las indagatorias y citatorios ordenados por las instancias judiciales del fuero federal.
Montiel Reyes, quien asumió la conducción del comité ejecutivo nacional hace tres semanas, precisó que los pormenores sobre las notificaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y las subsecuentes comparecencias ministeriales en Culiacán han sido recabados estrictamente mediante los informes institucionales vertidos en redes sociales por el propio mandatario, así como por el senador Enrique Inzunza Cázarez. La dirigente remarcó que las autoridades sinaloenses han externado de forma voluntaria su sujeción a los requerimientos de la ley mexicana.
En contraste con la coyuntura del pacífico, la líder partidista arremetió contra las estructuras de Acción Nacional por el despliegue de movilizaciones en favor de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia «Maru» Campos Galván, vinculada a las investigaciones del denominado caso CIA. Montiel acusó al bloque opositor de articular una estrategia de victimización mediática para cobijar conductas irregulares, utilizando calificativos severos contra la defensa corporativa implementada por el panismo.
Si bien la presidenta de Morena acotó que la jefa del Ejecutivo de Chihuahua no posee formalmente un estatus de imputada penal por parte del Ministerio Público, criticó que su reacción inmediata ante los requerimientos de la Fiscalía General de la República (FGR) consista en apelar a la inmunidad procesal o fuero constitucional. La directiva de izquierda concluyó exigiendo que todos los servidores públicos acudan a los llamados de aclaración legal sin utilizar los privilegios del cargo para evadir las comparecencias técnicas.
Fuente: Redes Sociales | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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