El titular del órgano fiscalizador, Aureliano Hernández Palacios Cardel, entregó a la Cámara de Diputados los primeros informes individuales e implementó un modelo integral para revisar más de 1,700 entes públicos.
Este 30 de junio de 2026, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara de Diputados recibió la primera entrega de informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2025. Durante el acto, el titular de la dependencia fiscalizadora, Aureliano Hernández Palacios Cardel, destacó la presentación de 21 denuncias penales por daños al erario que superan los 600 millones de pesos. El auditor superior resaltó que estas acciones derivan de una pronta actuación por parte de la institución, la cual está facultada para presentar denuncias sin necesidad de esperar a que el proceso fiscalizador concluya formalmente.
Adicionalmente a los procesos penales, se informó sobre la presentación de 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves ante la autoridad sustanciadora, derivados de la detección de colusiones y contratación indebida en procedimientos de contratación pública. Hernández Palacios detalló que con esto se rompe el paradigma de la fiscalización fragmentada para pasar a una fiscalización integral, método que será aplicado firmemente en las 32 entidades federativas y en los más de 2 mil 200 municipios y alcaldías del país.
Por primera vez se realizará la fiscalización de todas las dependencias federales mediante 209 procedimientos específicos, alcanzando una revisión histórica de mil 733 entes públicos de todos los órdenes de gobierno. El titular precisó que el informe cuenta con un enfoque ciudadano, siendo accesible y comprensible para que cualquier persona conozca de un vistazo qué se revisó y qué se concluyó. En esta entrega se verificaron 29 mil 736 transferencias de recursos a municipios por más de 300 mil millones de pesos distribuidos correctamente; tras la intervención de la ASF, se recuperaron fondos retenidos antes de concluir las auditorías, quedando únicamente pendiente la aclaración de 1.4 millones de pesos por parte de una entidad federativa. Finalmente, se iniciaron 31 expedientes de investigación directa gracias al cambio legislativo aprobado el pasado 21 de abril que moderniza las herramientas contra el mal uso de recursos públicos.
Fuente: Auditoría Superior de la Federación (ASF) | © Redacción NoticiasPV