CIUDAD DE MÉXICO (apro).—La Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano (Sedatu) bajo el mando de Rosario Robles Berlanga dejó un daño al erario por 21 millones 941 mil 291 pesos derivado de irregularidades en la contratación de los servicios del Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem).
Se trata del cuerpo policiaco consentido del gobierno de Enrique Peña Nieto por los numerosos contratos firmados en su sexenio para vigilar inmuebles como la sede de la Secretaría de Gobernación, instalaciones estratégicas de agua, electricidad y manejo nuclear, e inclusive la custodia personal de al menos una secretaria de Estado.
De acuerdo con la Auditoría de Cumplimiento Forense 2018-0-15100-23-0209-2019 209-DS, llevada a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que se enmarca en la Tercera entrega de los Informes Individuales y del Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente a 2018, se detectaron las siguientes irregularidades:
De entrada, en la justificación de la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en el ejercicio fiscal 2018 para las instalaciones de la Sedatu, no fundó ni motivó la selección del procedimiento de excepción a la licitación pública y su adjudicación de forma incorrecta al Cusaem.
Tampoco realizó una investigación de mercado que garantizara las mejores condiciones para el Estado, toda vez que no fue posible verificar que la supuesta empresa competidora del Cusaem, que es Seguridad Privada Tacita y Recreativa, proporcionó cotización a la Sedatu, ya que no se llevó a cabo la notificación de la solicitud de información y documentación debido a que el domicilio obtenido de la cotización de dicha empresa corresponde a una clínica dental.
Mientras que el otro competidor, Migova Seguridad Privada, manifestó que no envió alguna cotización a nombre de la Sedatu, como lo aseguró la dependencia encabezada por Robles Berlanga.
Pagos indebidos
Ya contratados los servicios del Cusaem, la ASF explicó que la Sedatu comprometió de forma incorrecta un importe de 22 millones 833.3 mil pesos, toda vez que no proporcionó el Decreto de Creación que dio origen al Cusaem, con el cual se acredite que éste sea un ente público perteneciente a la Administración Pública de una Entidad Federativa o que tenga participación estatal mayoritaria.
Asimismo, no se presentó la evidencia suficiente competente y relevante que acredite que dicha empresa tenía la autorización para prestar los servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos.
Por otra parte, la Sedatu pagó de forma indebida al Cusaem seis millones 400 mil pesos, con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2018, importe que correspondió a compromisos contraídos en el ejercicio fiscal 2017.
De la misma forma, facilitó 15 millones 541 mil pesos por el compromiso adquirido a través de la suscripción del Convenio de Colaboración tipo Abierto número SEDATU-CC-01-2018, toda vez que no proporcionó evidencia documental y justificativa que acreditara que los elementos de seguridad que prestaron el servicio de vigilancia y seguridad a la Sedatu para el ejercicio fiscal 2018, formaban parte de la estructura del Cusaem, y que con dichos recursos cubrió sus honorarios.
Otras inconsistencias
Adicional a lo anterior se comprobaron las siguientes inconsistencias:
La dependencia pagó con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2018 un millón de pesos el 5 de febrero de 2019, lo cual se considera improcedente, en virtud de que se cargó al ejercicio fiscal 2018, sin que estuviera efectivamente devengado el servicio al 31 de diciembre de 2018
También pagó de forma injustificada seis millones 895 mil pesos, toda vez que, en el anexo técnico para el Servicio de Vigilancia y Seguridad en los inmuebles de la Sedatu, suscrito el 1 de febrero de 2018, no se acordó la prestación del servicio mencionado para los inmuebles ubicados en Reforma números 26, 99 y 287, así como Constituyentes número 1070.
A lo anterior se agrega el pago de forma injustificada de un millón 318.0 miles de pesos, toda vez que, en nueve CFDI proporcionados por la Sedatu, se comprobó que pagó por los conceptos de motopratulleros y motopatrullas al Cusaem.
Sin embargo, en las listas de asistencia de dicho periodo no se encontró evidencia alguna de la prestación del servicio por la categoría de motopatrulleros; como consecuencia, el pago realizado es improcedente.