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Desafiar a todo un sistema de procuración de justicia que protege a los hombres violentos con poder económico le ha cobrado factura a la abogada penalista que litiga en defensa de mujeres, niñas y niños víctimas de violencias diversas desde al menos 15 años, Ana Katiria Suárez.
En su cartera de casos figuran muchas historias que resultaron emblemáticas en la lucha por los derechos humanos y de perspectiva de género, entre ellas la de Yakiri Rubio, la muchacha tepiteña secuestrada y violada por dos hombres y que logró huir hiriendo de muerte a uno de los agresores. Logró su libertad por el recurso de legítima defensa. En no pocas ocasiones afectó intereses de personas poderosas y ha expuesto vicios en las fiscalías, ministerios públicos y tribunales.
Desde hace medio año, un grupo de empresarios de alto perfil, denunciados por sus esposas –representadas legalmente por Ana Katiria– armaron una campaña de descrédito en su contra.
Medios y redes han publicado, sin contrastar, entrevistas y versiones que sostienen que la defensora lidera una red de extorsión
a padres de familia adinerados para obtener de ellos pensiones y compensaciones millonarias, como modelo de negocio
de su despacho jurídico y la organización que encabeza, Voces Humanizando la Justicia.
De acuerdo con los alegatos que promocionan, la abogada se acerca a mujeres de clase alta, pero emocionalmente vulnerables, incitándolas a demandar a sus esposos; después fabrica pruebas para manipular procesos judiciales
y obliga a menores de edad a presentar declaraciones falsas sobre supuestas agresiones de sus padres.
Entre políticos y los medios
Ese sería el caso, entre otros, de Guillermo Sesma Suárez, acusado por su esposa Regina Seemann Audifred.
Como parte de la campaña, crearon el Colectivo Nacional no más Presos Inocentes, al que, además de los empresarios señalados por violencia intrafamiliar, ha tenido a bien sumarse Luis Algheretti, procesado confeso por violación, tortura y feminicidio de su pequeña hija Fátima de 7 años, en 2020, un caso que conmocionó a la sociedad. Este hombre espera sentencia en el Reclusorio Norte. Ana Katiria Suárez sigue representando a la familia en demanda de justicia plena.
Tres carpetas en la sombra
En la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales se abrieron tres carpetas de investigación suscritas por al menos seis demandantes. Se le acusa de extorsión, delincuencia organizada, falsedad de declaraciones y cohecho, entre otros. Suárez no ha tenido acceso a estas carpetas para organizar su propia defensa. Ha tenido conocimiento de que en esa instancia se prepara una orden de aprehensión.
Ello la orilló a salir del país temporalmente. Desde septiembre de 2024 presentó queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH), en la que Suárez sostiene que su labor de denuncia me ha convertido en un blanco, permitiendo que existan represalias severas por mi trabajo
. La CDH tampoco ha emitido resolución.
El principal promotor de esta ofensiva es Sesma Suárez. En las demandas colectivas firma también Bernardo Vogel Fernández de Castro, a su vez acusado por su esposa, Maha Shekaiban, y Édgar González Pedrero, ex esposo de María Fernanda Turrent, a quien Ana Katiria dejó de representar legalmente hace un año.
El caso de Regina comienza en Estados Unidos
El conflicto penal Sesma versus Seemann es particularmente complejo ya que el ex esposo acusado, además de tener influencias en medios políticos y de comunicación y recursos económicos, es primo de la abogada que defiende a la víctima. Ella es tía de los niños señalados como víctimas de violencias y los conoce desde pequeños.
En dos carpetas radicadas en la Fiscalía de Investigación del delito de Violencia Familiar y la de delitos cometidos contra menores se señala que Sesma ejercía violencia sexual contra su esposa, lo que condujo a un complicado proceso de divorcio en Austin, Texas, donde radicaban. El esposo canceló las visas de la esposa y los niños, que quedaron en situación de indocumentados en Estados Unidos y tuvieron que residir temporalmente en un albergue hasta que pudieron regresar a México.
La acusación menciona que también agredía sexualmente a los niños. Cita la denuncia: en los días de convivencia con el padre constantemente los castigaba
, los denigraba, los obligaba a bañarse desnudos frente a él
y les hacía tocamientos. En los expedientes legales se incluye la valoración y peritajes que realizaron peritos y especialistas en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro y en el Centro de Atención a la Violencia Interfamiliar. Cuatro instancias legales corroboraron estos delitos contra los niños. Fueron remitidos para tratamiento sicológico y siquiátrico a la Clínica Gesia, especializada en temas de violencia sexual contra menores. Pero esas denuncias no han prosperado.
Sesma contrademandó a su esposa, la acusó de diversos delitos, y en menos de dos meses logró que la fiscalía judicializara la carpeta. También consiguió que el juez Prudencio Tenorio declarara nulas las periciales y valoraciones practicadas a los niños argumentando que no fueron videograbados como es obligatorio según los protocolos para estos casos.
La defensa respondió que el protocolo para videograbar las testimoniales de niños y niñas es una directriz que puede aplicarse o no. A criterio de los investigadores, dada la vulnerabilidad y desconfianza de los niños, que eran constantemente videograbados por el padre, se prescindió de este método, lo que no les resta validez a los dichos de los menores.
En una de las demandas de Sesma contra Seemann la acusa de falsedad de declaraciones y fraude procesal, que podría derivar en prisión preventiva.
En redes sociales, Sesma acusa a su ex esposa de secuestrar a sus hijos y la FGJ, por medio de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, ha publicado fichas de búsqueda con los nombres completos y las fotografías de los tres menores.
Sesma Suárez participa activamente en la política. Su hermano Jesús es diputado local por el Partido Verde y presidente de la junta de concertación política, cercano al ex fiscal Ulises Lara. Es comentarista político en un programa de televisión con Raymundo Riva Palacio. Y utilizando todas esas conexiones convocó a otros empresarios como él a contratacar a las mujeres demandantes y, sobre todo, a su abogada.
Maha Schekaiban Tohme, con cinco hijos (cuatro niñas y un niño entre 8 y 14 años de edad) pidió el divorcio a su esposo, Bernardo Vogel Fernández de Castro, tras 18 años de vida marimonial plagada de violencias físicas y sicológicas e interpuso una denuncia por violencia extrema y alienación parental.
Vogel, director de la siderúrgica Collado y miembro de una familia de empresarios acaudalados, tomó represalias: acusó a la víctima de violencia; forzó una acción de allanamiento para que agentes sacaran a los niños de su casa y los llevaran un par de noches a un albergue de la fiscalía capitalina para niños en riesgo (con el consiguiente trauma) y al día siguiente los rescató
, quedándose ésos bajo la tutela de un padre que, según su ex esposa, es autoritario y agresivo y violenta a los menores. Desde entonces Maha no ve a sus hijos.
La hostilidad de Bernardo Vogel
En su denuncia, Maha, ex esposa de Vogel, relata uno de los muchos episodios de violencia en el hogar. En esa ocasión, Bernardo Vogel la inmovilizó e incitó a una de las hijas a golpear a su madre.
La denuncia del ex esposo elabora un relato opuesto y llevó a las dos niñas mayores de manera secreta a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, a formular acusaciones contra su progenitora.
Según la defensa, en esta diligencia se ejerció interferencia parental, creando falsos recuerdos sobre supuestos actos de violencia
. En los registros de las entrevistas con los menores son evidentes los signos de manipulación y se violentaron diversos protocolos metodológicos en la evaluación sicológica de los menores .
Ahora sobre la madre se cierne una demanda penal y el riesgo de ser encarcelada.
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