Autoridades de Yucatán no aclaran el destino de $825.5 millones en 2016

*La administración estatal, encabezada por el priísta Rolando Zapata Bello, no ha presentado los documentos que comprueben…

jornada.unam.mx

Mérida, Yuc.

La administración estatal, encabezada por el priísta Rolando Zapata Bello, no ha presentado los documentos que comprueben el uso de 825 millones 540 mil pesos, según la segunda etapa del informe de resultados de la cuenta pública de 2016, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y presentado el martes por el auditor Juan Manuel Portal en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El documento concluye que el gobierno de Yucatán no realizó una gestión eficiente ni transparente de los recursos de participaciones federales de 2016.

De acuerdo con la auditoría financiera y de cumplimiento 16-A-31000-02-1706 1706-DE-GF, al 31 de diciembre de 2016, la administración de Zapata Bello no había ejercido 8.5 por ciento de los recursos transferidos, lo que genera opacidad en su manejo. Según el informe, el gobierno de Yucatán incumplió las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y General de Contabilidad Gubernamental, así como el Código Fiscal de la Federación, lo que causó a la hacienda pública federal un posible quebranto de más de 825 millones de pesos.

La ASF destaca entre las principales irregularidades la falta de acreditación de pagos a terceros, ausencia de documentos comprobatorios de gastos, recursos no entregados a ejecutores y municipios, además de retrasos y otras irregularidades en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores y municipios.

En el desglose de anomalías se informa que hay diferencias por 122 millones de pesos entre los registros contables y la información financiera presentada en la cuenta pública.

Además, el gobierno de Zapata Bello no entregó documentos originales comprobatorios y justificatorios de la muestra seleccionada de los capítulos de gasto 2000 (materiales y suministros) y 3000 (servicios generales). Falta comprobar el destino de 9 millones 831 mil pesos, lo que constituye un daño al erario.

Adicionalmente, la administración estatal dejó de comprobar 621 millones 552 mil pesos correspondientes al rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Entre los entes que no han cumplido con la entrega de documentos están la Universidad Autónoma de Yucatán (174 millones), el fideicomiso garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (23 millones), el Instituto de Historia y Museos de Yucatán (22 millones) y la Secretaría de Salud (274 millones).

El documento indica que la Secretaría de Educación del estado excedió el tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2016 por 41 mil 400 pesos a 20 trabajadores que sólo aparecen como inspector de educación terminal, sin especificar nombres.

En una de las principales obras de la actual administración estatal, el Centro Nacional de la Música Mexicana, en el cual se invierten recursos federales, se descubrió el uso de materiales de mala calidad, filtraciones de agua, diferencias de costos que favorecieron a los contratistas, que además recibieron pagos en demasía y un notorio e injustificado aumento del costo total de la obra.

En la auditoría 16-A-31000-04-1702 1702-DS-GF se afirma que el costo original del proyecto era de 100 millones 854 mil 724.45 pesos, pero luego de varias modificaciones, se erogaron 192 millones 211 mil 503.76 pesos.

Asimismo, se descubrieron filtraciones en el sótano y que no se aplicó correctamente la protección contra fuego.

En cuanto a la construcción del hospital materno-infantil, se constató que las instalaciones sanitarias de todas las áreas son de tubería de PVC y están mal colocadas, lo que ocasionará fugas.

La ASF concluyó que, en términos generales, la administración de Zapata Bello no cumplió con las disposiciones legales y normativas grupo funcional desarrollo social/gasto federalizado aplicables en la materia.

La ASF pidió al gobierno de Yucatán hacer las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciar procedimientos administrativos. La dependencia que deberá responder por las irregularidades reveladas por la ASF es el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán.