Otorgó Blanca Cruz contrato por 129.7 millones a red de proveedores vinculados a Taddei

Sumario: La consejera presidenta provisional del INE firmó un contrato por 129.7 millones de pesos a una empresa vinculada a José Alfredo Hernández Casillas.

Cuerpo de la nota:
El historial administrativo de la actual consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, comenzó a ser objeto de escrutinio tras revelarse que, durante su gestión al frente del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, avaló un millonario contrato por 129.7 millones de pesos a favor de la Comercializadora JVLY. Documentos oficiales indican que el acuerdo comercial, signado en julio de 2022, vincula directamente a la funcionaria con la red de empresas operada por los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, principales proveedores beneficiados durante la administración de la exconsejera Guadalupe Taddei.

Las indagatorias señalan que la compañía favorecida en territorio poblano compartió representante legal con Formas Finas, otra de las razones sociales integradas en el conglomerado corporativo de los hermanos Hernández Casillas. Este esquema de adjudicaciones cruzadas ya había encendido las alertas de los órganos fiscalizadores; de hecho, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó durante la revisión de la Cuenta Pública 2024 un posible quebranto al erario por 63.2 millones de pesos en un contrato asignado por el propio INE a esta misma comercializadora debido a la falta de comprobación en la entrega de materiales y la dispersión irregular de recursos a terceros.

Asimismo, los informes de auditoría documentaron graves anomalías operativas, destacando que durante las visitas de supervisión realizadas en 2024 al domicilio fiscal de Comercializadora JVLY, las instalaciones correspondían físicamente a las oficinas de Formas Finas y Materiales, evidenciando un patrón sistemático de simulación corporativa. Este hallazgo exhibe cómo diversos funcionarios electorales locales otorgaron contratos multimillonarios a la misma red de proveedores antes de ser incorporados a puestos clave dentro de la estructura central del INE bajo el amparo de la pasada presidencia.

El modus operandi documentado por investigaciones periodísticas apunta a una red de complicidades institucionales donde exconsejeros y secretarios ejecutivos de órganos locales —como los casos registrados en Oaxaca, Chihuahua y Sonora— premiaron a los contratistas favoritos con millonarios convenios de material electoral para posteriormente escalar a la cúpula del árbitro nacional. Aunque en el caso de Blanca Cruz su llegada al Consejo General se consumó mediante designación directa de la Cámara de Diputados en abril de 2026, su pasado administrativo en Puebla la coloca ahora en medio del fuego cruzado de las revisiones de probidad.

Mientras la nueva dirigencia provisional encabeza una supuesta limpia institucional y frena nuevas contrataciones para calmar las tensiones internas, el pasado de sus propios integrantes complica los intentos por blindar al organismo de los cuestionamientos de opacidad. La exigencia de una rendición de cuentas transparente y fiscalizaciones exhaustivas a todas las gestiones estatales se mantiene como un reclamo ineludible para las autoridades federales y los órganos de control encargados de sanear las finanzas del instituto electoral.

Fuente: Auditoría Superior de la Federación (ASF) / Investigaciones periodísticas / Archivos del IEE Puebla | © Redacción NoticiasPV Nayarit