El proyecto –que trabajan junto con el PT en el Senado– establece ‘constituir la Defensoría del Pueblo como organismo nacional de protección de derechos humanos’.
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Las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión van ahora contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y pretenden crear un nuevo organismo denominado “Defensoría del Pueblo”.
El proyecto –que trabajan junto con el PT en el Senado– establece “constituir la Defensoría del Pueblo como organismo nacional de protección de derechos humanos”.
Destaca que Defensoría “formulará recomendaciones públicas, vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones. Cuando las recomendaciones no sean cumplidas, la Cámara de Senadores, o en sus recesos la Comisión Permanente, podrán llamar, a solicitud de la Defensoría del Pueblo o de las víctimas, a las autoridades o servidores públicos para que comparezcan y rindan cuentas”.
Sugiere “conformar una jurisdicción nacional que, a través de representaciones en las entidades federativas, permita a la Defensoría del Pueblo hacerse cargo de las violaciones a los derechos humanos en todo el país y evitar lo que lamentablemente sucede hoy en muchos estados, en los que los organismos de protección de derechos humanos no son autónomos, no son eficientes”.
En entrevista con El Financiero, el diputado federal hidalguense Hugo Rafael Ruiz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, explica que se propone “desaparecer otro órgano supuestamente autónomo que no sirve para nada”, con “recomendaciones que nadie atiende”.
“La CNDH es un instrumento de falacia y simulación, porque no sanciona, no tiene alcance para sancionar a nadie. A contentillo te pueden aceptar o no una queja. ¿A qué jugamos?”, acusa.
“No sólo se trata de un cambio de nombre, sino del cuerpo y del mecanismo”, señala.
El proyecto de reformas al artículo 102 constitucional sugiere que “la designación del titular de la Defensoría, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de los representantes en entidades, se ajustarán a una consulta pública”.
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