Este viernes a las 16:00 horas la FGR, la defensa y la víctima comparecerán nuevamente en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur para escuchar el fallo del juez Luis Benítez Alcántara en el que determinará si García Rivera es o no culpable.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El caso de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Juan Carlos García Rivera, por supuestamente intervenir el teléfono celular de la periodista Carmen Aristegui con el software Pegasus, se tambalea en la recta final.
Este jueves se realizó la audiencia de alegatos de conclusión en el juicio contra García Rivera, identificado por la FGR como operador del software Pegasus en la empresa KBH, acusado de intervención de comunicaciones sin orden judicial, delito por el que la fiscalía solicitó imponerle 16 años de prisión debido a que la víctima es una periodista.
Este viernes a las 16:00 horas la FGR, la defensa y la víctima comparecerán nuevamente en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur para escuchar el fallo del juez Luis Benítez Alcántara en el que determinará si García Rivera es o no culpable.
Durante las primeras tres horas el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, puntualizó que con las pruebas aportadas por la FGR se logró acreditar que el teléfono celular de Carmen Aristegui fue intervenido con Pegasus entre 2015 y 2016 en el marco de la publicación del reportaje de La Casa Blanca y otros trabajos sobre actos de corrupción cometidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Haber reportado la Casa Blanca de Peña Nieto fue el punto neurálgico para saber por qué pasó esto y por qué se vulneró la esfera personal y familiar de la víctima”, señaló.
Destacó que la FGR detectó un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas, entre ellas, Carmen Aristegui.
“El entramado corporativo era el escenario ideal para la intervención ilícita de comunicaciones. El dueño (de la empresa KBH) no aparece, los domicilios son inexistentes, los socios son prestanombres y celebraban contratos millonarios con el gobierno”, dijo.
Enfatizó en que Uri Emmanuel Ansbacher le ordenaba a Juan Carlos García Rivera infectar los dispositivos de determinados objetivos para quedar bien con altos funcionarios del gobierno.
Por lo que señaló que García Rivera no tenía un interés personal en extraer la información de la periodista, razón por la que no se le considera autor intelectual del delito sino material.
“Sería jurídicamente y legalmente imposible que Juan Carlos García Rivera obtenga una autorización judicial para intervenir comunicaciones, que es la única vía por la cual se puede realizar esta conducta en el marco legal”, precisó.
Recordó que durante la investigación se realizó un cateo en la empresa KBH en el que se verificó la ubicación de la oficina de García Rivera misma que cuenta con altas medidas de seguridad, un site y equipo necesario para operar Pegasus, según el anexo técnico de la contratación del software.
Precisó que debido a que el cateo fue realizado 4 años después de que el teléfono de Aristegui fue intervenido y dos años después de que se diera a conocer la utilización del software para espiar ilegalmente a las personas, la información posiblemente extraída no fue encontrada.
Sin embargo, el fiscal reconoció que no hay pruebas contundentes sino indiciarias de que Juan Carlos García Rivera cometió el delito del que se le acusa.
Argumentó que, debido a que el delito fue de realización oculta, el estándar probatorio es bajo y la prueba circunstancial es la que debe prevalecer para dictar sentencia condenatoria.
“Pegasus invariablemente ya es sinónimo de espionaje, esta fiscalía conmina a que se dicte una sentencia condenatoria y, sobre todo, que se nos permita dejar muy en claro que Pegasus ya no es más sinónimo de impunidad”, concluyó.
La defensa de García Rivera inició su intervención afirmando que su cliente es un chivo expiatorio y que la FGR no pudo acreditar, en las 6 semanas que duró la etapa de juicio, la intervención del teléfono de Carmen Aristegui ni que esta hubiera sido realizada con Pegasus y por el acusado.
“El único resultado real de todo esto es que el móvil de haber sido el gobierno está más que patente”, dijo el abogado Samuel Ibarra.
“No hay ni siquiera una conducta acreditada, son meras especulaciones (…) hay la ausencia de evidencia científica que nos diga específicamente que el teléfono de la periodista fue intervenido”.
Destacó que en las pruebas que presentó la FGR, como la visita que se realizó en el año 2018 en las oficinas de Moneda 333 -donde se encontraba el software contratado por la Fiscalía- fue asegurada una lap top marca HP a pesar de que había imágenes de que la lap top utilizada para operar Pegasus era marca Dell y que nunca se constató que dicho dispositivo tuviera cargado el programa.
Que en el año 2019, cuando se realizó un cateo en la empresa KBH, no se encontró ninguna computadora con el software ni la toughbook que el testigo protegido Zeus declaró que era utilizada por García Rivera para operar Pegasus.
“El objeto del cateo no se encontró pero se aseguró un DVR que guardaba el video de las cámaras de seguridad del cuarto y quinto piso del edificio de Ejército Nacional (KBH) en los que sólo hay imágenes de Juan Carlos García Rivera en su lugar de trabajo pero ninguna imagen en la que se le observe interviniendo comunicaciones”, detalló.
“Las suposiciones no se hace en realidad con más suposiciones sino con pruebas palpables”.
Carmen Aristegui destacó que en México y otros países se han realizado investigaciones periodísticas que han señalado temas de corrupción en torno a la contratación y utilización de Pegasus.
“Para mí es muy importante este juicio no solo porque se trata de mi persona sino pro que se trata de un caso con dimensiones mundiales”, dijo la periodista.
“Apuesto a que la justicia mexicana tenga una conducta a la altura de un tema que ha afectado a la sociedad”, espetó.
Consideró que si el juicio no prospera será muy complicado encontrar a los responsables principales.
Juan Carlos García Rivera enfatizó en que él no cometió el delito por el que la FGR busca que sea condenado.
“Yo lo que veo son mentiras, omisiones e intentos de generar confusión”, dijo.
“Yo no hice esto, no es posible que yo lo haya hecho por más que le busco no encuentro explicación lógica, espero que la víctima encuentre justicia y que la fiscalía dé con el verdadero responsable”.