Mientras la dirigencia morenista cuestionó la trayectoria del litigante Fernando Gómez Mont, el gremio de abogados rechazó que asumir una defensa legal signifique complicidad.
Un ríspido intercambio de posturas se registró entre la dirigencia nacional del partido Morena y la Barra Mexicana de Abogados (BMA), derivado de la representación legal que ejerce el litigante Fernando Gómez Mont en el proceso penal que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
Las diferencias iniciaron tras las declaraciones de la dirigencia de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, quien cuestionó el historial del abogado por su desempeño como secretario de Gobernación en administraciones pasadas y su participación en litigios de alto impacto mediático. La representación partidista sostuvo que la intervención de la defensa responde a intereses políticos de la oposición en favor de personas bajo investigación penal.
En respuesta, la BMA emitió un posicionamiento institucional firmado por su presidenta, Ana María Kudisch Castelló, mediante el cual puntualizó que el ejercicio de la abogacía es una garantía constitucional indispensable para el debido proceso. El organismo enfatizó que pretender estigmatizar o responsabilizar a un defensor por los delitos atribuidos a su representado vulnera los principios elementales del sistema de justicia.
El colegio de abogados concluyó que la determinación sobre la inocencia o responsabilidad de cualquier persona imputada recae de manera exclusiva en los tribunales correspondientes a través de un juicio imparcial, por lo que instó a respetar la labor de los profesionales del derecho.
Fuente: Comunicación Social Morena / Barra Mexicana de Abogados | © Redacción NoticiasPV Nayarit