La demanda destaca que las sanciones impuestas y los señalamientos afectaron relación con corresponsales estadounidenses
El pasado 17 de agosto de 2025, CIBanco, una de las principales instituciones financieras mexicanas, presentó una demanda ante la Corte Federal del Distrito de Columbia en Estados Unidos contra el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), Andrea Gacki, para frenar la desconexión del banco del sistema financiero estadounidense.
La acción legal pretende impedir la entrada en vigor de una orden que, según el banco, amenaza con bloquear más de 40 mil millones de dólares en activos de fideicomisos administrados para beneficiarios estadounidenses, congelar operaciones transfronterizas y afectar gravemente las relaciones financieras entre ambos países.
La demanda lleva el expediente 1:25-cv-02705 y el proceso judicial se inició tras una serie de sanciones inéditas impuestas en el contexto de la legislación antidrogas recientemente actualizada en Washington.
Contexto de la demanda
La orden emitida por FinCEN el 30 de junio de 2025, sustentada en la facultad creada por la “FEND Off Fentanyl Act” (estatuto 21 U.S.C. § 2313a), considera a CIBanco una “preocupación principal de lavado de dinero en conexión con el tráfico ilícito de opioides”.
Según la orden, se prohíbe cualquier transmisión de fondos entre instituciones estadounidenses y la entidad mexicana y su vigencia formal queda fijada para el 4 de septiembre de 2025.
Entre los argumentos presentados por CIBanco, se subraya que FinCEN impuso la llamada “sexta medida especial” del estatuto —la más estricta del menú de acciones legales—, sin haber considerado alternativas menos restrictivas y sin otorgar la oportunidad al banco de aportar aclaraciones o encarar las imputaciones.
Según el recurso legal, la autoridad estadounidense privó a CIBanco de aviso previo y de derecho de audiencia: “La orden se basa en alegatos vagos y no específicos, que el banco no puede investigar pese a reiteradas solicitudes a Tesoro y FinCEN para obtener datos no clasificados como nombres, fechas y números de cuenta”, señala el texto de la demanda.
En la queja, CIBanco denuncia que la orden estadounidense les atribuye la facilitación de operaciones ligadas a organizaciones criminales mexicanas. La descripción incluye a grupos como el Cártel del Golfo, Cártel de los Beltrán Leyva y Cártel Jalisco Nueva Generación, así como episodios concretos de 2023 en los que, según la parte acusadora, se habrían abierto cuentas para lavar recursos y canalizado 26 mil dólares mediante intermediarios vinculados a cárteles entre agosto y septiembre de 2024.
CIBanco refutó estas imputaciones y sostiene que la orden no aporta nombres, cuentas ni datos verificables, por lo que no tiene posibilidad de localizarlas internamente.
Sanciones que incluye y otros datos
El impacto de estas sanciones y restricciones incluye la potencial interrupción de pagos transfronterizos de operaciones rutinarias relacionadas con comercio e inversión bilateral. El banco advirtió en la demanda que los flujos diarios con el sistema estadounidense comprenden alrededor de 1,300 operaciones que equivalen a 800 millones de dólares.
Además, advirtió que su relación con cuatro de los cinco bancos corresponsales estadounidenses ya fue cancelada, mientras el último notificó el cierre programado para el 21 de agosto con un saldo de casi 100 millones de dólares.
Además, la rescisión de los contratos por parte de Visa el 30 de junio inhabilitó más de 150 mil tarjetas prepago y bloqueó 70 mil tarjetas de débito fuera del país. Los efectos también alcanzaron a clientes institucionales: “Más de 38 millones de dólares en cuentas fiduciarias en Estados Unidos estarían efectivamente congelados porque los beneficiarios no pueden operar sin el fiduciario”, especifica la demanda, consultada por Código Magenta.
El banco sostiene que FinCEN debió considerar alternativas regulatorias, como limitar sólo ciertos corredores o establecer excepciones para operaciones fiduciarias, y debió ponderar los efectos sistémicos para el sistema financiero y la seguridad nacional de Estados Unidos antes de recurrir a la medida más severa.
Exige el otorgamiento de un amparo provisional y permanente que suspenda la orden, así como la rescisión de la guía normativa subyacente y el reembolso de los honorarios legales.
La estrategia legal de CIBanco también enfatiza que la nueva ley antidrogas sólo autoriza medidas especiales bajo circunstancias estrictas y que la ausencia de transparencia en las pruebas impide el ejercicio del derecho de defensa y la preservación de operaciones legítimas.
Actualmente, la decisión de la Corte determinará si la desconexión financiera se mantiene suspendida hasta que se resuelva el fondo del litigio. Las implicaciones de este caso, según Código Magenta, no sólo modifican el vínculo de CIBanco con el sistema estadounidense, sino que pueden sentar precedentes para futuras acciones de Washington bajo la ley FEND Off Fentanyl.
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