*Decenas de organismos civiles exigieron “desarticulación, desarme y castigo inmediato a…
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San Cristóbal de Las Casas, Chis. Decenas de organismos civiles exigieron “desarticulación, desarme y castigo inmediato a los grupos civiles armados de corte paramilitar, cuyos líderes materiales e intelectuales, han sido claramente identificados y señalados, por parte de autoridades, comisionados y comuneros de Chalchihuitán”. Ello, en respuesta a los acuerdos que oficialmente se tomaron en diciembre pasado entre las partes y el gobierno en relación al conflicto entre los municipios tzotziles de Chalchihuitán y Chenalhó, en la región de Los Altos.
El colectivo de organismos de la sociedad civil integrantes de la Misión Civil de Observación de la Zona Altos demanda el reconocimiento, por parte de los gobiernos federal y de Chiapas, “del estatus legal de desplazamiento forzado interno, de todas las familias y personas bajo esta inhumana situación, producto de la violencia armada de tipo paramilitar, en el marco del conflicto agrario Chalchihuitán-Chenalhó”. Dicho reconocimiento “implica la aplicación inmediata de la Declaración de los Principios Rectores de Desplazamiento Interno de la ONU y de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas”.
Ante la presencia de los paramilitares de Chenalhó que provocaron desde octubre el éxodo de miles de indígenas, impune aún ahora que se ha militarizado el área, los organismos apremian para que se garantice “seguridad plena para el libre tránsito y el abasto de productos básicos y medicinas en toda la zona”, así como “seguridad plena” para la observación de derechos humanos.
Los organismos manifiestan repudio al “Comisionado Especial para Chalchihuitán y Chenalhó” designado por el ejecutivo estatal. Solicitan el “retiro inmediato” del “impuesto nombramiento de Fortino Vázquez Pérez”, independientemente de “su nefasta trayectoria política”. Consideran que “la imposición unilateral de cualquier comisionado viola los derechos de las comunidades involucradas, a la consulta libre previa e informada, máxime en un contexto tan delicado como el prevaleciente”.
Otra exigencia es que se faciliten condiciones para que “el problema de fondo (territorial y agrario) se resuelva a través de un diálogo político realizado desde las estructuras comunitarias tradicionales y agrarias de ambos Bienes Comunales, recuperando su memoria histórica como pueblos, con observación de organizaciones de la sociedad civil”. Para eso, las instancias jurisdiccionales “que en lo sucesivo conozcan y resuelvan sobre este caso”, deberán hacerlo en “apego a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas”.
Finalmente, los organismos de la misión civil hacen un “fraternal y respetuoso” llamado a las autoridades comunales, comisionados, autoridades municipales y a la asamblea general de San Pablo Chalchihuitán “a que reflexionen y analicen, a profundidad y con la mayor seriedad, dos delicados hechos”. Uno, “la decisión de solicitar la creación urgente de una Base de Operación Mixta dentro del territorio comunal, lo que conllevaría la militarización de toda la zona de los Altos, en el grave contexto de la reciente aprobación y publicación de la Ley de Seguridad Interior, cuyo contenido se ha considerado tan lesivo para los derechos humanos”.
El segundo hecho es “la división interna y contaminación de todo el proceso de reestructuración de la vida comunitaria, en un contexto electoral como lo es este 2018, que representa la intervención de los partidos políticos, cuyos líderes y mayoría de candidatos buscan únicamente el beneficio personal y de grupo, corrompiendo, engañando y manipulando a las y los votantes potenciales”.