Con ley de austeridad, Morena busca frenar pensiones a expresidentes

*Eliminar pensiones de expresidentes de la República, no crear plazas adicionales en la alta burocracia…

proceso.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Eliminar pensiones de expresidentes de la República, no crear plazas adicionales en la alta burocracia, que nadie gane más que el Ejecutivo Federal e impedir la creación de fideicomisos, forma parte de las medidas que contempla la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana que este día presentó Morena en San Lázaro.

Actualmente, mantener las pensiones de los cinco expresidentes de México cuesta 209 millones 41 mil 545 pesos. Cada uno cuesta 41 millones 808 mil 309 pesos debido a que los mexicanos les pagan un sueldo como secretarios de estado, la asignación de 55 elementos del Ejército, 22 de la armada y 8 de la Marina para su seguridad, además de tres choferes, 3 secretarias y 14 personas más de áreas administrativas, y por si fuera poco dos camionetas blindadas.

Una vez que se apruebe la Ley de Austeridad República, por tratarse de una ley secundaria Morena podría sacarla adelante sin necesidad de aliarse con otro partido político, mientras que los expresidentes Luis Echeverría Álvarez, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox y Felipe Calderón, dejarán de sangrar al erario cada año con 209 millones de pesos, en números cerrados.

Durante la presentación de la iniciativa de ley, Manuel Rodríguez González, diputado de la fracción mayoritaria, detalló desde tribuna que un país con más de 50 millones de mexicanos en pobreza, no puede permitir privilegios y, agregó, este ahorro podría ser asignado a programas prioritarios y sociales para el presupuesto federal 2019.

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La nueva ley, compuesta por 13 artículos, forma parte del “andamiaje jurídico” que la fracción de Morena dará a la administración de Andrés Manuel López Obrador para que pueda cumplir con los 12 programas prioritarios que anunció.

El documento establece que las medidas de austeridad deben ser parte de la política de Estado y como primer recorte contempla en su artículo 3 la prohibición de regímenes especiales para los servidores públicos incluyendo a los expresidentes:

“Quedan prohibidas las pensiones de retiro a titulares del Ejecutivo federal, salvo lo que toca a la correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

El artículo señala explícitamente que “todos los servidores públicos de la federación recibirán los beneficios del sistema púbico de seguridad social correspondiente”, es decir que si se enferman deben acudir como toda la burocracia al ISSSTE, de lo contrario podrán asistir a la medicina privada, pero lo pagarán de su bolsillo.

Por lo que se refiere a las plazas, “no se crearán plazas adicionales a las autorizadas en el presupuesto de egresos ni se aumentarán sus dotaciones”.

También se acota que “la contratación de servicios personales por honorarios sólo procederá en casos excepcionales y plenamente justificados”. Y señala que solo los servidores públicos de alta responsabilidad cuyas tareas lo ameriten, “podrán disponer de escoltas con cargo al erario”. Tampoco habrá dinero para “blindaje automotriz”.

La ley considera autorización para viajes internacionales, solo en casos estrictamente indispensables”, y estos no podrán ser realizados en primera clase.

En lo que respecta al próximo presupuesto de la federación, la ley establece que no podrá haber aumentos en montos ya autorizados para el pago de telefonía, fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, remodelación de oficinas, viáticos, honorarios, pasajes, congresos, exposiciones, estudios, investigaciones y seminarios.

Por lo que se refiere a los fideicomisos, mandatos o análogos públicos o privados, no se crearán nuevos ni se podrán hacer aportaciones a los ya existentes.

En las consideraciones, la iniciativa de ley establece que: “La austeridad permitirá erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había agenciado y realizar los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de recursos públicos. Este es uno de los motores de la transformación que estamos llevando a cabo por mandato popular.”

                                                         
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