Los funcionarios del INE Arturo Castillo y Martín Faz aclararon que el organismo civil no posee facultades de investigación criminal; advirtieron que actuar como intermediarios de información de inteligencia con los partidos políticos vulnera la presunción de inocencia y expone la seguridad del personal en campo.
Las reformas legales presentadas por el Poder Ejecutivo Federal para estructurar filtros de seguridad en los procesos electorales detonaron reservas técnicas entre los integrantes del arbitraje nacional. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Castillo Loza y Martín Faz Mora, manifestaron de manera independiente sus preocupaciones respecto a la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, subrayando que las funciones de inteligencia civil y combate al crimen organizado son competencia exclusiva de las fiscalías y corporaciones de seguridad del Estado.
El consejero Arturo Castillo, quien encabeza la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto, precisó que la propuesta normativa debe modificar su carácter voluntario para transformarse en una obligación generalizada aplicable a todas las planillas de los partidos políticos. No obstante, puntualizó que el rol del INE debe acotarse estrictamente a una ventanilla de vinculación institucional para remitir los listados nominales ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o secretarías federales, evitando que se responsabilice al órgano administrativo por la validez, veracidad o resguardo de las investigaciones criminales en curso.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Organización Electoral, Martín Faz Mora, catalogó el proyecto como un diseño logístico que introduce al INE en dinámicas de evaluación preventiva de riesgos delictivos que alteran su naturaleza ciudadana. El funcionario alertó que si las células de la delincuencia transnacional identifican al personal del instituto como un eslabón articulado a los aparatos de seguridad del Estado, se elevará de forma drástica la vulnerabilidad de las estructuras que operan las casillas en las regiones con mayor índice de violencia en el territorio nacional.
Los especialistas institucionales coincidieron en que el articulado bajo análisis legislativo adolece de vacíos jurídicos al no especificar los parámetros técnicos que constituirán un «riesgo razonable» para frenar una postulación. Faz Mora concluyó que, dado que el mecanismo dejará la decisión final de la candidatura bajo el criterio discrecional de las dirigencias partidistas bajo esquemas de información reservada, se corre el peligro de utilizar al INE como un escudo político al que se le transferirán las culpas públicas en caso de que perfiles ligados a la delincuencia organizada consigan registrarse y competir en las urnas.
Fuente: INE | © Redacción NoticiasPV Nayarit