Fiscalía sostiene despojo de terreno del FIBBA y la familia denuncia detención irregular. Se manifestaron por la detención de miembros de la familia Guzmán. Este conflicto genera posiciones encontradas de ambas partes
Un caso que ha encendido la tensión en la zona turística del sur de Nayarit continúa generando posiciones encontradas entre la autoridad ministerial y la familia de los detenidos, en medio de señalamientos cruzados por la posesión de un predio de aproximadamente 10 hectáreas vinculado al Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA).
La fiscal general del estado, Ludmila Heredia Verdugo, confirmó que cuatro personas detenidas el pasado 17 de abril —tres integrantes de la familia Guzmán y un trabajador— enfrentan investigaciones por su presunta participación en el despojo del terreno, además de amenazas y agresiones registradas durante un operativo de inspección.
De acuerdo con la versión oficial, el predio forma parte de un decreto federal emitido en 1970 que dio origen al FIBBA, organismo encargado del desarrollo turístico de la región. La autoridad estatal sostiene que dichas tierras no tienen carácter ejidal, por lo que su acreditación debe realizarse mediante escrituras públicas y no a través de constancias de posesión.
Según explicó la fiscal, los hechos se registraron cuando personal del fideicomiso detectó una construcción reciente dentro del terreno, presuntamente edificada en un periodo en el que el lugar se encontraba sin vigilancia.
En ese contexto, señaló que algunas de las personas presentes habrían reaccionado de manera agresiva y realizado amenazas, incluso mencionando presuntos vínculos con actores políticos locales relacionados con el exgobernador Ney González Sánchez.
La Fiscal añadió que el caso podría estar relacionado con un posible esquema de fraude entre particulares, en el que se habrían emitido constancias de posesión a personas que se consideraban propietarias, pese a que, según la autoridad, el único titular legal del predio es el FIBBA.
Además, advirtió que este tipo de conflictos se ha vuelto recurrente en la franja turística del sur del estado, donde diversos terrenos vinculados al fideicomiso permanecen ocupados por particulares.
En este contexto, el operativo gubernamental ha evolucionado de la recuperación de inmuebles a intervenciones directas en terrenos, lo que ha generado un creciente debate sobre la regularización de la tierra, el uso de la fuerza pública y los alcances del programa Nuevo Nayarit.
Sin embargo, en el otro extremo del caso, familiares de los detenidos y pobladores de Rincón de Guayabitos realizaron una manifestación pacífica para exigir su liberación, denunciando presuntas irregularidades en el operativo del 17 de abril.
Los inconformes identifican a los detenidos como Luis Antonio Guzmán Franco, Alma Luz Guzmán Franco, Giancarlo Álvarez Guzmán y Rubén Luna Jasso, quienes —según su versión— habrían sido asegurados sin la exhibición de una orden judicial visible, dentro de un predio que aseguran ha permanecido en posesión de la familia durante décadas.
La defensa familiar sostiene que el terreno se encuentra ligado a un proceso de expropiación que no ha sido concluido en su totalidad en lo referente a la indemnización, lo que —afirman— ha derivado en una disputa legal aún sin resolver.
Tras la intervención ministerial, el inmueble quedó bajo resguardo de la autoridad, situación que los manifestantes interpretan como parte de un proceso de despojo institucionalizado. Asimismo, acusaron la posible fabricación de delitos, uso excesivo de la fuerza y violaciones al debido proceso, señalando afectaciones al principio de presunción de inocencia.
Durante la protesta, los familiares también solicitaron la intervención de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al considerar que el caso refleja posibles abusos de autoridad que deben ser revisados a nivel federal.
Mientras tanto, el expediente continúa abierto y bajo análisis, en un caso que ha comenzado a escalar no solo en el ámbito jurídico, sino también en la opinión pública, por sus posibles implicaciones políticas, legales y sociales en una de las zonas turísticas más disputadas de Nayarit.