Revelan que Diego Rivera entregaba 40 millones de pesos anuales del erario al cártel a cambio de controlar el cobro de piso y las extorsiones en el municipio.
Nuevos detalles del expediente de la Fiscalía General de la República (FGR), a los que se tuvo acceso tras la detención de Diego Rivera Navarro, exponen una de las redes de narcopolítica más agresivas en la historia reciente de Jalisco. El alcalde de Tequila no solo habría infiltrado la administración pública, sino que utilizó métodos de terror para eliminar a su competencia política dentro de su propio partido, Morena.
Según los datos de prueba presentados ante el juez Mario Elizondo, Rivera Navarro pactó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) un pago anual de 40 millones de pesos provenientes del erario municipal. A cambio de esta cifra, el grupo criminal le permitió controlar el «cobro de piso», secuestros y extorsiones contra comerciantes y grandes empresas tequileras como José Cuervo y La Cofradía.
El secuestro de sus rivales internos
La investigación de la FGR detalla que, en marzo de 2021, Rivera Navarro ordenó el secuestro de su compañero de fórmula, Guillermo Cordero García, y del suplente Julio Alejandro García. Ambos fueron privados de la libertad bajo amenazas de muerte y trasladados a casas de seguridad, donde fueron forzados a firmar su renuncia a la candidatura ante el INE para dejarle el camino libre a Rivera.
Testimonios de regidoras del propio ayuntamiento señalan que en este acto participó un notario público de Tapalpa, quien presuntamente validó los documentos de renuncia bajo coacción y órdenes del cártel.
Lujos y viajes con dinero de extorsiones
Mientras el municipio enfrentaba una ola de violencia, el entorno cercano del alcalde mantenía un estilo de vida ostentoso. Agentes federales documentaron que la esposa del edil, Raquel Nañez Bugarín, realizó múltiples viajes de lujo a ciudades como Madrid, París, Londres, Venecia y Zúrich, gastos que no corresponden a los ingresos oficiales de un funcionario público.
La FGR busca ahora penas de hasta 40 años de prisión para el alcalde y su director de Catastro, Juan Gabriel Toribio, por delincuencia organizada y secuestro agravado, mientras que otros colaboradores cercanos que operaban la logística de las extorsiones ya son buscados por las autoridades internacionales.
Fuente: Proceso / Expediente FGR | © Redacción NoticiasPV
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